ETA cobija a Batasuna

La decisión del PNV de oponerse en el Congreso de los Diputados a la propuesta de ilegalización judicial de Batasuna ha coincidido con la amenaza de ETA a los partidos democráticos que voten a favor de esa decisión o se abstengan. Nada queda por decir sobre la profunda insolencia de la banda terrorista, empeñada durante 25 años en destruir el Estado de derecho y en llevar el dolor y la muerte a la sociedad. Y que, además, tiene la desfachatez de amenazar a ese Estado y a la ciudadanía por querer defenderse de la actuación de una pseudoformación política sobre la que, aparte convicciones morale...

La decisión del PNV de oponerse en el Congreso de los Diputados a la propuesta de ilegalización judicial de Batasuna ha coincidido con la amenaza de ETA a los partidos democráticos que voten a favor de esa decisión o se abstengan. Nada queda por decir sobre la profunda insolencia de la banda terrorista, empeñada durante 25 años en destruir el Estado de derecho y en llevar el dolor y la muerte a la sociedad. Y que, además, tiene la desfachatez de amenazar a ese Estado y a la ciudadanía por querer defenderse de la actuación de una pseudoformación política sobre la que, aparte convicciones morales y evidencias públicas, existen fundados indicios judiciales de actuar a su servicio y de constituir su brazo político y legal.

A quienes mantengan todavía dudas sobre la connivencia de Batasuna con ETA, el comunicado de la banda terrorista debería despejárselas. ETA no es el peor enemigo de Batasuna, como pretende deducir el coordinador de IU en el País Vasco, Javier Madrazo, tras los últimos atentados, sino su verdadero dueño y señor. De ahí que no haya tenido empacho en salir a la palestra para mostrarse como su público y armado protector frente a la posible ilegalización. Una Basatuda ilegalizada, que no pueda jugar su papel de correa de transmisión de la estrategia militar de ETA en las instituciones vascas, no sirve a los pistoleros.

Más allá de los argumentos de fondo que puedan existir para dejar fuera de la ley una formación política que utiliza fraudulentamente la legalidad para fines ilícitos, ese papel protector que ETA ejerce sobre Batasuna deja en difícil posición a los partidos democráticos contrarios o abstencionistas respecto de su ilegalización. El portavoz del Gobierno vasco ha calificado de 'diabólica' esa estrategia de ETA, destinada, a su juicio, a 'fracturar y fragmentar a la sociedad vasca'. Y acierta, pues son el Gobierno de Vitoria y el PNV quienes quedan en la situación más desairada.

El argumento de que 'sólo ETA es ilegal', con el que ambos justifican su postura contraria a la ilegalizacion de Batasuna, ha sido invalidado por la banda al poner bajo su tutela armada a esa formación política y amenazar a las fuerzas democráticas que osen ponerla fuera de la ley. En estas circunstancias, ¿bastan los votos, como mantiene el PNV, para reprobar a un partido no democrático, tutelado por una organización terrorista, y que, en consecuencia, hace un ejercicio fraudulento de los derechos de participación y representación política? Más atendible es que la posible ilegalización de Batasuna pueda 'aumentar la crispación social' en el País Vasco y que esa medida no bastará para acabar con el terrorismo. Ayudaría mucho que en ese posible escenario el PNV se pusiera del lado del conjunto de fuerzas democráticas y no se quedara sólo en la primera línea del nacionalismo vasco frente al mundo del terror.

Pero no conduce a ninguna parte, salvo a crispar más el clima político y ahondar la fractura entre los partidos, anatematizar al PNV o a otros posiblemente abstencionistas en la votación del Congreso anunciada para este mes, asimilando esa postura a una falta de compromiso con la defensa de la paz y la libertad, como está haciendo el PP. Constituye también una fuente de tensión sobreañadida intentar mezclar, aunque formalmente se desmienta, la ilegalización de Batasuna con la negociación de las transferencias pendientes al País Vasco.

El Gobierno español, sin embargo, tiene derecho a saber si esa negociación se va a desarrollar en un clima de lealtad constitucional y no bajo la amenaza de ruptura implícita en la resolución aprobada el pasado 12 de julio en el Parlamento vasco. Urge que Vitoria se deje de ambigüedades en este asunto. Y ayudaría a recuperar la confianza que tanto el portavoz del Gobierno vasco como el propio Arzalluz fueran más directos en sus exposiciones públicas y aclararan si sigue en pie el ultimátum de hace un mes.