López Marchena cree que las pretensiones del ministerio público pondrían en peligro a cinco arrepentidos
El instructor del caso Manzanilla, en el que están implicadas 140 personas, Miguel Ángel López Marchena, advierte en su auto contra las pretensiones de la Fiscalía de Cádiz, que propone desmembrar el procedimiento y derivar los casos a otros juzgados, que esta actuación pondrían en peligro la vida de los cinco arrepentidos que en la actualidad colaboran con la justicia en el esclarecimiento de los hechos y que, de llevarse a cabo la división del sumario, se verían obligados a personarse en varios juzgados, con el riesgo que supone cada desplazamiento de los testigos.
El instructo...
El instructor del caso Manzanilla, en el que están implicadas 140 personas, Miguel Ángel López Marchena, advierte en su auto contra las pretensiones de la Fiscalía de Cádiz, que propone desmembrar el procedimiento y derivar los casos a otros juzgados, que esta actuación pondrían en peligro la vida de los cinco arrepentidos que en la actualidad colaboran con la justicia en el esclarecimiento de los hechos y que, de llevarse a cabo la división del sumario, se verían obligados a personarse en varios juzgados, con el riesgo que supone cada desplazamiento de los testigos.
El instructor coincide en esta valoración con el abogado de uno de los arrepentidos que ha mostrado, según dice en el auto, 'su desilusión, sorpresa y extrañeza por la nueva postura del fiscal que, habiendo apostado desde un primer momento por la competencia del juzgado, toma ahora el camino más fácil y la niega'.
El abogado, según cita el instructor, considera que el fiscal cambia de criterio 'injustificadamente', lo que define como 'un golpe bajo para quien ha colaborado con la justicia y tiene que estar peregrinando por el territorio nacional de prisión en prisión'.
El juez concluye que 'en suma, no era de recibo que el arrepentido tuviera que ser sometido a un peregrinaje por audiencias y juzgados poniendo en riesgo su vida'.
El juez advierte de que la ruptura de la instrucción provocaría 'retrasos' o dificultades procedimentales, porque los juzgados a los que se remitieran las piezas podrían rechazarlas, provocando 'conflictos de competencias' que tendrían que ser resueltos por el Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia.
De hecho, el titular del número 3 de El Puerto recuerda que una situación similar se dio en un caso anterior, el de la explosión de la antigua alcoholera portuense, que tras haber pasado en dos ocasiones por la Audiencia Nacional, regresó de nuevo, con dos años de retraso, al juzgado portuense por decisión del Supremo.
López Marchena también destaca en su auto que 'la instrucción está acabada y pendiente de dictar auto de transformación a sumario'. En otro momento de su escrito asegura: 'No existe dificultad de instrucción y, de romperse ahora la investigación, el perjuicio que se causaría a la instrucción sería grave'. De esta forma responde a otras de las alegaciones de la Fiscalía, que aseguró que el juzgado carecía de medios para culminar la investigación.