La policía deja libres entre 40 y 80 detenidos en la UPO al no completar sus expedientes
Interior no habilitó los medios necesarios para terminar todos los procedimientos en 72 horas
Entre 40 y 80 inmigrantes de los 275 detenidos en el campus de Sevilla quedarán en libertad por una cuestión de trámite. La policía ha renunciado a poner a este grupo a disposición judicial ante la dificultad que entraña completar sus expedientes dentro del plazo legal de 72 horas, que vence a primera hora de hoy, aunque en sus casos pondrá en marcha igualmente el inicio del procedimiento administrativo de expulsión. La falta de medios policiales para resolver los 275 expedientes en 72 horas podría dejar a más inmigrantes en libertad, según los abogados que les asisten.
La suerte de ent...
Entre 40 y 80 inmigrantes de los 275 detenidos en el campus de Sevilla quedarán en libertad por una cuestión de trámite. La policía ha renunciado a poner a este grupo a disposición judicial ante la dificultad que entraña completar sus expedientes dentro del plazo legal de 72 horas, que vence a primera hora de hoy, aunque en sus casos pondrá en marcha igualmente el inicio del procedimiento administrativo de expulsión. La falta de medios policiales para resolver los 275 expedientes en 72 horas podría dejar a más inmigrantes en libertad, según los abogados que les asisten.
La suerte de entre 40 y 80 inmigrantes, que estaban abocados a una expulsión casi segura como a la que se enfrentan buena parte de los 275 detenidos en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, el pasado jueves, ha cambiado radicalmente por una cuestión formal y por falta de medios. Fuentes de la Fiscalía de Sevilla explicaron ayer que cerca de 80 extranjeros quedará en libertad ante la complejidad que requiere completar sus informes dentro del plazo legal del que dispone la policía para cumplir los trámites y poner a los detendidos a disposición judicial. Las 72 horas de límite legal vencen esta mañana, a primera hora.
Por esta razón, la policía ha renunciado a poner a este grupo a disposición judicial, aunque tramita igualmente el inicio del procedimiento de expulsión. En la práctica, significa que estos inmigrantes salen en libertad con un proceso administrativo en marcha que tendrá virtualidad en el caso de que vuelvan a ser detenidos. En ese momento, al contar con una orden de expulsión pendiente, podrán ser repatriados de inmediato desde cualquier provincia sin necesidad de que se ponga en marcha un nuevo proceso administrativo.
Falta de medios
La policía reconoció ayer las dificultades para completar los trámites en todos los casos, aunque redujo la cifra de los inmigrantes que saldrán a la calle por esta razón a 40. La insuficiencia de medios (personal, intérpretes, ordenadores...) para sacar adelante los casos de 275 personas en un plazo de 72 horas está dilatando notablemente todo el procedimiento. Max Adam, uno de los abogados que asiste a los inmigrantes, aventuró ayer que 'muchos no pasarán a disposición judicial y tendrán que quedar en libertad porque no les dará tiempo'. Adam explicó que prolongar las detenciones, una medida prevista con carácter excepcional, 'sería una barbaridad teniendo en cuenta que el único delito de esta gente es que no tiene papeles'.
A las 22.00 horas de ayer, se habían revisado los casos de un total de 130 inmigrantes, un poco menos de la mitad de los detenidos. Este grupo correrá peor suerte que los que ni siquiera llegará a ver el juez, ya que serán trasladados a centros de internamiento en diferentes provincias -entre ellas Madrid, Murcia y Málaga- mientras se culmina su procedimiento de expulsión.
El primer traslado se realizó a última hora del viernes, con la salida de una treintena de inmigrantes hacia Madrid, entre ellos 13 que serán expulsados de inmediato porque contaban con órdenes de repatriación previas al encierro. La policía preparaba ayer por la tarde el traslado de otro grupo de inmigrantes al centro de internamiento de Málaga.
Todos los inmigrantes que declaran ante el juez están contando con asistencia letrada, que se encargará de alegar contra el inicio del procedimiento de expulsión y, cuando la resolución de la Administración sea firme, interpondrán un recurso contencioso contra la expulsión, aunque es casi una medida simbólica puesto que la interposición del recurso no paralizará la ejecución de la expulsión.
El personal de Médicos del Mundo, que asiste a los inmigrantes, criticó ayer las condiciones de 'hacinamiento' de los detenidos que está provocando numerosas crisis nerviosas. Dos inmigrantes tuvieron que ser evacuados a un hospital durante la mañana por esta razón. Por su parte, la red de apoyo responsabilizó ayer del 'represivo' desalojo a la rectora de la UPO, Rosario Valpuesta, y el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, entre otros, informa Efe.