Tregua de cuatro días en los derribos de La Punta para buscar un acuerdo
Tregua hasta el próximo martes en el conflicto de La Punta. El encuentro ayer entre vecinos y Administración no logró superar las diferencias pero encontró un intercambio satisfactorio: los vecinos remitirán los casos que consideran singulares y que entienden que deben ser estudiados de forma particular y la Administración para los derribos hasta que reciba, el martes 23, la documentación.
La reunión de ayer entre los vecinos de La Punta agrupados en la asociación La Unificadora afectados por la construcción de la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) del puerto de Valencia y el acceso f...
Tregua hasta el próximo martes en el conflicto de La Punta. El encuentro ayer entre vecinos y Administración no logró superar las diferencias pero encontró un intercambio satisfactorio: los vecinos remitirán los casos que consideran singulares y que entienden que deben ser estudiados de forma particular y la Administración para los derribos hasta que reciba, el martes 23, la documentación.
La reunión de ayer entre los vecinos de La Punta agrupados en la asociación La Unificadora afectados por la construcción de la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) del puerto de Valencia y el acceso ferroviario con un representante de la Delegación de Gobierno (el director del área de Fomento, Ignacio Navascues), un representante de la autoridad portuaria con poderes del SEPES, un delegado de la empresa VPI (empresa de logística del puerto de Valencia), técnicos de la COPUT y miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos sólo encontró un punto en común: la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre derribos y realojos. Entre tanto, las máquinas paralizan los derribos previstos y a las 17.00 del martes volverán a verse las caras, después de que los representantes de la Administración consulten con sus superiores y los de los vecinos celebren una asamblea.
La Federación de Asociaciones de Vecinos y la asociación La Unificadora actuaron, según el asesor jurídico Antonio Montiel, como una sola voz. Su planteamiento se condensó en tres puntos: estudio de un plan de realojo e inicio de las obras de las casas; designación de un único interlocutor para las actuaciones que corresponden a la ZAL y las del acceso ferroviario; y la paralización de las actuaciones.
Por su parte la Administración (que no estuvo representada ni por el delegado del Gobierno, Francisco Camps, ni por el subdelegado, Félix Crespo, como estaba anunciado) sostuvo la vigencia del plazo de dos dos meses para ejecutar los derribos, plazo del que quedan hábiles 40 días, y rechazó la paralización de las actuaciones, aunque aceptó la tregua hasta el próximo martes 'como gesto de colaboración en favor de la sensibilidad de los vecinos', según declaró Rafael Aznar, de VPI, quien aunque no acudió a la reunión destacó 'la voluntad de estudiar los casos que los vecinos definen como singulares, aunque al final, como suele ocurrir, no sean tantos como se plantean, para alcanzar un acuerdo sobre unas actuaciones que cuentan con el respaldo jurídico, que se hacen en favor del interés de todos y del progreso'.