Los trabajadores de MRT denunciarán al IFA por la compra de unos terrenos
CC OO dice que el dinero de la venta de la finca ha ido al consejero delegado
La dirección provincial de Comisiones Obreras en Huelva va a presentar una demanda contra el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo dependiente de la Junta, por pagar a Promociones Clarkdale, una empresa que pertenece al consejero delegado de Minas de Riotinto (MRT), Carlos Estévez, 1,14 millones de euros por una finca de 4,6 hectáreas propiedad de la entidad minera. El precio de mercado era de 1.202 euros por hectárea.
CC OO denunciará al IFA por pagar ese dinero a Carlos Estévez por la finca. Además, según el sindicato, los beneficios de la venta no han ido a parar a MRT s...
La dirección provincial de Comisiones Obreras en Huelva va a presentar una demanda contra el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo dependiente de la Junta, por pagar a Promociones Clarkdale, una empresa que pertenece al consejero delegado de Minas de Riotinto (MRT), Carlos Estévez, 1,14 millones de euros por una finca de 4,6 hectáreas propiedad de la entidad minera. El precio de mercado era de 1.202 euros por hectárea.
CC OO denunciará al IFA por pagar ese dinero a Carlos Estévez por la finca. Además, según el sindicato, los beneficios de la venta no han ido a parar a MRT sino al empresario Carlos Estévez.
La demanda al IFA complementa la denuncia que los mineros de MRT ya tienen interpuesta contra Carlos Estévez por la supuesta venta ilegal del patrimonio de la empresa en beneficio propio. La dirección de MRT vendió en mayo pasado estos terrenos a Clarkdale, cuyo máximo representante es precisamente Carlos Estévez, que es representante de los accionistas mayoritarios de Promociones Barty Cross (PBC).
'Clarkdale ha hecho el negocio del siglo con el patrimonio de Río Tinto. Estamos absolutamente obnubilados por cómo una entidad pública realiza este tipo de operaciones que no son comerciales sino que esconde un transfondo que intentaremos averiguar a través del juzgado', afirmó ayer Ricardo Gallego, vicepresidente del Consejo de Administración de MRT y responsable provincial de minería de CC OO, que hizo el anuncio acompañado por varios trabajadores de la compañía.
Este representante sindical apuntó que la empresa se encuentra en 'situación legal de suspensión' porque su patrimonio se ha reducido considerablemente con la venta de la finca. Ricardo Gallego responsabilizó a Carlos Estévez de 'llevar a la empresa a la ruina por su nefasta gestión como director general desde agosto de 1995 hasta 1998'.
En ese año Carlos Estévez fue destituido dejando a la entidad con una deuda de 72,12 millones de euros. 'Los trabajadores pusimos 96.161 euros, que recibimos de subvenciones y ayudas, para reflotar la mina y este señor ordenó ingresar en su cuenta particular 60.100 de euros sin el consentimiento del Consejo de Administración', afirmó Gallego.
Los representantes de CC OO exigieron ayer al secretario general del PSOE en Huelva, Javier Barrero, una explicación sobre la 'oscura operación' de la Junta. 'Pedimos que clarifique que los socialistas no están mezclados en esta operación fraudulenta', precisó Gallego.
CC OO no entiende por qué la Junta ha dado esa cantidad de dinero 'sin que llegue ni una sola peseta a las nóminas de los trabajadores para aliviar su crítica situación', dijo Gallego.
Ricardo Gallego afirmó ayer, en calidad de miembro del Consejero de Administración de la entidad, que se ve en la obligación de pedir la disolución de la sociedad, ya que el patrimonio de MRT 'se encuentra por debajo de la mitad del capital social y la ley obliga a dar este paso'. Gallego se refería a la Ley de Sociedades Anónimas. 'Si no lo hacemos así, podemos incluso ir a la cárcel', recalcó el dirigente de Comisiones Obreras.
Gallego atribuyó el hecho de que el consejero delegado no haya sometido a una auditoría ni haya presentado ante el Consejo de Administración las cuentas del último ejercicio a un intento de 'ocultar' la situación actual y de tener 'tiempo para llevarse el patrimonio' de la compañía minera.
Gallego no descartó que los mineros emprendan nuevas movilizaciones ante la ausencia de medidas concretas por parte de las administraciones para afrontar las dificultades de su situación sociolaboral actual, ya que unos 300 de los cerca de 500 han agotado ya sus prestaciones por desempleo, a los que se sumarán el resto hasta el próximo mes de noviembre.