El Defensor del Pueblo denuncia que los jueces de Fuerteventura vulneran la Ley de Extranjería

El Defensor del Pueblo ha descubierto múltiples irregularidades en el trato que jueces y abogados dan a los inmigrantes en Fuerteventura, tras dos meses de investigación en los que ha analizado más de 300 expedientes de expulsión. La adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, detalló ayer en el Senado las anomalías descubiertas en el trato jurídico a inmigrantes en Fuerteventura. Los tres juzgados de la isla 'resuelven el problema del alto número de solicitudes de internamiento de inmigrantes que reciben recurriendo a unos autos preconfeccionados, en los que no existe u...

El Defensor del Pueblo ha descubierto múltiples irregularidades en el trato que jueces y abogados dan a los inmigrantes en Fuerteventura, tras dos meses de investigación en los que ha analizado más de 300 expedientes de expulsión. La adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, detalló ayer en el Senado las anomalías descubiertas en el trato jurídico a inmigrantes en Fuerteventura. Los tres juzgados de la isla 'resuelven el problema del alto número de solicitudes de internamiento de inmigrantes que reciben recurriendo a unos autos preconfeccionados, en los que no existe una motivación suficientemente individualizada'.

Los jueces, según el Defensor del Pueblo, incumplen así la Ley del Poder Judicial y la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Además, los jueces no ofrecen audiencia previa al inmigrante antes de decidir sobre su internamiento, según el Defensor del Pueblo, con lo que vulneran la Ley de Extranjería. Estas consideraciones han sido trasladadas al Consejo del Poder Judicial 'para que investigue los hechos y adopte las medidas más oportunas para restablecer en toda su integridad el derecho a la tutela judicial efectiva'.

El informe también descubrió que los abogados que atienden a los inmigrantes que llegan a Fuerteventura les dedican entre minuto y medio y cinco minutos de media. Algún letrado ha llegado a cobrar, según explicó Cava de Llano, hasta 8.000 euros (casi 1,4 millones de pesetas) por sesiones de dos horas en las que atendió a 60 inmigrantes. 'En la mayoría de los casos la asistencia consistió en un puro formalismo constituido por la mera presencia y firma del letrado en los trámites de notificación de apertura de los expedientes de expulsión'.