Reportaje:DEBATE

El Estatuto, un mayor de edad que no ha evolucionado

El proyecto de reforma resurge con el 20º aniversario

El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que viene coleando desde septiembre de 1996, ha cobrado protagonismo en las últimas semanas, cuando falta muy poco para que se cumpla el 20º aniversario de su promulgación, el próximo 1 de julio. La necesidad de la reforma es compartida por todas las formaciones políticas valencianas. Las discrepancias surgen a la hora de establecer el alcance de la modificación de un Estatuto que, transcurridas dos décadas desde su aprobación, en 1982, necesita una modernización y actualización, con algunos retoques técnicos y de fon...

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El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que viene coleando desde septiembre de 1996, ha cobrado protagonismo en las últimas semanas, cuando falta muy poco para que se cumpla el 20º aniversario de su promulgación, el próximo 1 de julio. La necesidad de la reforma es compartida por todas las formaciones políticas valencianas. Las discrepancias surgen a la hora de establecer el alcance de la modificación de un Estatuto que, transcurridas dos décadas desde su aprobación, en 1982, necesita una modernización y actualización, con algunos retoques técnicos y de fondo, además de su adecuación a las nuevas realidades del siglo XXI.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana no tuvo un parto fácil, y eso parece haber dejado secuelas, que se manifiestan ahora, en su vigésimo aniversario, cuando se plantea su posible reforma. El Estatuto fue promulgado el 1 de julio de 1982, después de difíciles negociaciones marcadas por la batalla de Valencia en torno a la lengua y los símbolos y por las diferencias respecto al reconocimiento del País Valenciano como nacionalidad histórica. El Gobierno de UCD se opuso a que el Estatuto fuera tramitado por la vía del artículo 151 de la Constitución, como los de Andalucía, Cataluña y el País Vasco. Y ello a pesar de que la mayoría de los ayuntamientos valencianos se pronunciaron a favor de esa vía de acceso al autogobierno, que significaba la equiparación con las nacionalidades históricas. El Estatuto llegó por la vía del 143, aunque una ley posterior concedió a la Comunidad Valenciana competencias de titularidad estatal que equiparaban el grado de autonomía al de las comunidades del 151. Sin embargo, en la sociedad valenciana quedó un cierto sentimiento de fracaso.

En cierto modo, el proyecto de reformar la Carta Magna valenciana, que estos días ha recobrado protagonismo, viene condicionado por aquel difícil parto, por la necesidad de superar esa sensación de fracaso y por la aspiración, ahora aparentemente compartida por todos, de equiparar la Comunidad Valenciana a las nacionalidades históricas. Pero las dificultades persisten. Y también las resistencias de las fuerzas centralistas. Y la reforma se ha convertido en un culebrón.

En septiembre de 1996 las Cortes Valencianas aprobaron por unanimidad iniciar el estudio de la reforma del Estatuto. Había pasado poco más de un año desde que el PP, con Eduardo Zaplana a la cabeza, se hiciera de la Generalitat tras 13 años de gestión del socialista Joan Lerma. Aquello avanzó bien poco. Un nuevo intento llegó tras las elecciones de 1999, que otorgaron la mayoría absoluta al PP. Se creó otra comisión, pero esta nueva tentativa no ha dado mayores frutos. Estos conatos se frustraron por la poca disposición de populares y socialistas a llevar a cabo una reforma en profundidad: ambas formaciones tenían dificultades para convencer a sus cúpulas nacionales de la necesidad de acometerla. Libres de esas ataduras, Esquerra Unida, con representación en las Cortes, y el Bloc, ausente, han mostrado repetidamente su deseo de impulsar una amplia reforma del Estatuto.

En febrero pasado, liberados de las trabas de Madrid después de que el Comité Federal del PSOE acordara dar luz verde a la reforma de los estatutos de autonomía, los socialistas valencianos le tomaron la palabra a Zaplana, quien en el debate de política general de 2000 había afirmado que el PP llegaría en la reforma estatutaria hasta donde llegaran los socialistas. El presidente contaba aparentemente con el respaldo del PP y del ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, quien dos meses antes, en una visita a Valencia, se había manifestado a favor de una reforma que incluyera la capacidad de disolución anticipada. Tras anunciar que contaba con el visto bueno de la ejecutiva federal, el PSPV puso por escrito sus pretensiones: una reforma amplia que suponga la modernización del Estatuto, con la inclusión de referencias a la sostenibilidad y a las nuevas tecnologías, la incorporación de competencias ya asumidas, la plena capacidad de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones para un nuevo periodo legislativo de cuatro años y la eliminación del tope del 5% para la obtención de representación parlamentaria, cuestión que sería incorporada, aunque rebajada al 3%, en la Ley Electoral Valenciana.

El PP aceptó inicialmente el reto -aunque, a la vista de los últimos movimientos, más bien parece que iba de farol- y tanto Zaplana como el portavoz en las Cortes, Alejandro Font de Mora, reiteraron que el PP llegaría 'tan lejos' como los socialistas. Pensaban sin duda los populares que también iba de farol el PSPV. Pero en abril Zaplana cambió su mensaje y rebajó el alcance de una posible reforma del Estatuto. Ésta, dijo, se podría hacer 'de forma inmediata' si se aparcara la cuestión de la disolución anticipada. El presidente aseguró que ni el Gobierno central ni el PSOE desean más comunidades con plenas competencias para disolver anticipadamente.

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El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, respondía a Zaplana en vísperas de la conmemoración del 25 d'Abril y le pedía que negociara con su partido una reforma 'al máximo'. En la recepción oficial, ambos acordaron una reunión para abordar el asunto. Días después, el portavoz socialista en las Cortes, Joaquim Puig, aseguraba que José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, se había 'comprometido'. Y Zaplana contestaba diciendo que no 'le valía' la declaración de Puig y pedía a Zapatero que llevara el proyecto al Congreso de los Diputados. El propio líder socialista afirmaba el lunes pasado, en una visita a Valencia, que la dirección federal respalda las tesis de Pla e instaba al PP a tomar la iniciativa. Al día siguiente, Zaplana mostraba dudas acerca de las verdaderas intenciones de los socialistas y proponía un acuerdo que excluya la disolución anticipada, porque, dijo, 'no está madura'. El culebrón continuará mañana, lunes: Zaplana y Pla han quedado para hablar una vez más de la reforma del Estatuto.

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