Jueces para la Democracia se opone a llevar el juzgado al cuartel
La asociación Jueces para la Democracia (JD) se opuso ayer al traslado del juzgado de guardia de Sevilla a un cuartel policial durante la cumbre de la UE, que a su juicio transmite una imagen 'bélica', de falta de independencia judicial y de criminalización de quienes pretenden manifestarse o hacer huelga.
En un escrito dirigido al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Jueces para la Democracia pide que no se autorice el traslado del juzgado los días 20 a 24 de junio porque incidirá 'muy negativamente en un principio básico de la función jurisdiccional como es la ind...
La asociación Jueces para la Democracia (JD) se opuso ayer al traslado del juzgado de guardia de Sevilla a un cuartel policial durante la cumbre de la UE, que a su juicio transmite una imagen 'bélica', de falta de independencia judicial y de criminalización de quienes pretenden manifestarse o hacer huelga.
En un escrito dirigido al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Jueces para la Democracia pide que no se autorice el traslado del juzgado los días 20 a 24 de junio porque incidirá 'muy negativamente en un principio básico de la función jurisdiccional como es la independencia de jueces y tribunales'.
El traslado a dependencias policiales 'carece de precedentes en acontecimientos similares y generará entre quienes se encuentren privados de libertad por la policía serias dudas sobre la autonomía real de la decisión judicial que se adopte sobre ellos', según la asociación progresista de jueces.
Añade que el traslado al cuartel policial, acordado el pasado 6 de junio por la Junta de Jueces de instrucción de Sevilla, dará a la sociedad 'una imagen de bunkerización del poder judicial y de criminalización a priori de movimientos ciudadanos que no debe ser asumida por los jueces en el desempeño de su función'.
Además, los jueces de Sevilla adoptaron su acuerdo 'sobre bases erróneas como son asumir que el anuncio de ejercicio por los ciudadanos de los derechos de huelga, manifestación y de expresión constituye, por sí mismo, una amenaza pública frente a la que han de adoptase medidas extremas de apariencia casi bélica'.