Huelga, ciudadanía y dignidad
Escuchar las argumentaciones del Partido Popular contra la huelga sirven para recordar por qué el derecho de huelga costó casi un siglo alcanzarlo. Escuchar al presidente Aznar cuestionar la huelga nos permite entender qué haría este Gobierno con este derecho si pudiera. Escuchar a los voceros del Gobierno y su entorno descalificar la huelga nos trae a la memoria las palabras de Brecht cuando decía: 'Preguntadle al poder a quién sirve'. Si El cartero de Neruda nos enseñó que la poesía es de quien la necesita, la huelga es un derecho que se ejercita cuando la necesidad obliga y otras alt...
Escuchar las argumentaciones del Partido Popular contra la huelga sirven para recordar por qué el derecho de huelga costó casi un siglo alcanzarlo. Escuchar al presidente Aznar cuestionar la huelga nos permite entender qué haría este Gobierno con este derecho si pudiera. Escuchar a los voceros del Gobierno y su entorno descalificar la huelga nos trae a la memoria las palabras de Brecht cuando decía: 'Preguntadle al poder a quién sirve'. Si El cartero de Neruda nos enseñó que la poesía es de quien la necesita, la huelga es un derecho que se ejercita cuando la necesidad obliga y otras alternativas han quedado cercenadas o son imposibles.
La capacidad de la derecha política para traspasar, una vez alcanzada la mayoría absoluta, todos los límites democráticos está resultando sorprendente. El decretazo, respuesta arrogante del Gobierno a la convocatoria de huelga, ha ayudado a entender de dónde viene y adónde va el Partido Popular. El Gobierno ha forzado la legalidad para imponer por la vía de urgencia una contrarreforma contra el artículo primero de nuestra Constitución, ése que nos habla de que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Es decir, ése que nos recuerda que tenemos derechos políticos, derechos civiles y derechos sociales. Derechos que nos hacen ciudadanos, no súbditos.
El constante aumento del paro en los últimos meses hubiera exigido medidas protectoras que ayudasen a paliar la situación de ese 43% de personas que están registradas en el Inem y no cobran ningún subsidio. Máxime si se tiene en cuenta que, de los que cobran, la mitad apenas reciben 330 euros al mes.Que no había ni urgencia ni necesidad económica lo demuestra el excedente de más de 3.600 millones de euros que acumula el Inem. Pero tampoco hay razón relacionada con la necesidad de poner fin a un supuesto abuso masivo de los receptores del subsidio de desempleo. Del total de expedientes de solicitud de prestaciones revisados por el Inem, sólo se ha encontrado alguna irregularidad en un 3% de los casos. Por el contrario, del control que realizó la Inspección de Trabajo en 5.000 empresas sobre la contratación temporal, el 48% de los contratos eran fraudulentos.
El interés del Gobierno de Aznar es otro: producir una vuelta de tuerca más en el disciplinamiento de los trabajadores, cerrar el paso a toda perspectiva de mejora de los derechos sociales, marcar una pauta al resto de Europa. Podemos imaginar la suma de un mercado laboral asilvestrado y precario más un suelo de derechos que se convierten en graciosa concesión administrativa. Unos pocos serán consumidores del siglo XXI, mientras la mayoría serán habitantes de un reinventado siglo XIX.
El decretazo es el punto culminante de una escalada de confrontación y de recorte de derechos cuyos objetivos son tan evidentes como preocupantes: individualizar la relación laboral, debilitar las organizaciones sindicales y la capacidad de respuesta colectiva de los trabajadores, adelgazar nuestro precario Estado social, culminar el trasvase de recursos desde las rentas salariales a las empresariales. Se trata de una reforma injusta e innecesaria, que perjudica a todos los colectivos y golpea con saña a los jornaleros andaluces y extremeños, a los parados mayores de 52 años, a los fijos discontinuos. Además, la supresión de los salarios de tramitación multiplicará los despidos improcedentes por parte de empresarios sin escrúpulos. ¿Quién puede así hacer planes de futuro?
Aznar creía que los sindicatos no iban a la huelga y se ha equivocado. Aznar pensaba que la ciudadanía iba a seguir aguantando la arrogancia y el mal gobierno de su mayoría absoluta. Ha tensado la cuerda más de lo que era soportable. En un momento en que la economía no va bien, en que el paro y los precios se disparan, cuando más necesario sería el acuerdo con los sindicatos, el presidente del Gobierno ha despreciado el valor del diálogo social. ¿O es que los precios no han subido? ¿O es que la economía va bien? ¿O es que los parados ya no son un problema? ¿O es que no ha tirado el diálogo social por la borda? Necesitamos pararles los pies.
Aznar se ha convertido en el abanderado del giro a la derecha en Europa y en propagandista del modelo americano. El decretazo es la punta de lanza de su particular cruzada europea, en la que el presidente galopa a uña de caballo para presentar balance de un semestre gris e inane. Las reformas que el PP viene propiciando en el ámbito fiscal y social ya han producido un trasvase muy importante de rentas desde los trabajadores a los empresarios. Que el Gobierno del PP es el consejo de administración de la gran patronal estaba fuera de toda duda. Basta que recordemos el billón regalado a las eléctricas, el maná del Plan Hidrológico a las constructoras, o los regalos fiscales a las grandes fortunas.
La mayoría absoluta se ha convertido en el instrumento de una política de fuerza, de imposición y de ausencia de diálogo que está empobreciendo la democracia y alzando de nuevo en España los estandartes del autoritarismo. No ha habido ninguna ley significativa en el último periodo que no haya sido presentada como un trágala que sólo buscaba adhesiones inquebrantables. Ha habido casos particularmente significativos, como la LOU y la Ley de Calidad; pero no han sido los únicos.
Por eso ésta es también una huelga por acumulación. Es, en primer lugar, una acción legítima y democrática contra unas medidas que atentan contra derechos sociales; que criminalizan una situación desgraciada como es el desempleo; que persigue atemorizar al conjunto de los trabajadores ofreciéndoles un escenario donde deben elegir entre trabajos precarios y mal remunerados o el infierno de un desempleo convertido en una gracia administrativa; que incrementa las rentas de los trabajadores trasvasadas a los empresarios. Es también una huelga por la defensa de un modelo de sociedad basado en una acción de las instituciones públicas que amplíe nuestra seguridad y nuestros derechos, que incremente nuestra protección frente a las incertidumbres económicas y que garantice políticas de bienestar creciente para toda la sociedad.
Es igualmente una huelga para decir basta frente al talante autoritario y prepotente de esta derecha que, cada vez más, gobierna contra la mayoría de la sociedad. Y lo hace además buscando la confrontación, negando el acuerdo y la palabra a cada vez más sectores sociales y políticos. Es, por eso, una huelga para restaurar una cultura democrática basada en el diálogo, en el consenso, en el intercambio de opiniones, en un talante integrador y no vociferante. Iremos a la huelga por dignidad ciudadana. En esta legislatura estamos conociendo el verdadero rostro de la derecha política. Su modelo político y social se asemeja, cada vez más, a los criterios de poder y de relación entre las autoridades y los ciudadanos que fueron comunes en etapas no muy lejanas de nuestro país. No tenemos intención de ser súbditos. Y en nuestra condición de ciudadanos libres, preocupados por una acción de gobierno bronca y agresiva, dirigida contra la mayoría de la sociedad y que hipoteca nuestro futuro, decimos que el éxito de la huelga del 20 de junio será una oportunidad para recordarnos a nosotros mismos que otra política y otra sociedad son posibles.
Gaspar Llamazares Trigo es coordinador general de Izquierda Unida.