La travesía de Monteseirín en Puerto Triana
El alcalde y las cajas de Sevilla 'nadan' entre exigencias de los promotores y reparos de la Junta
La penúltima reunión en el Ayuntamiento de Sevilla del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, con los presidentes de las dos cajas sevillanas estuvo rodeada de polémica. En aquel encuentro, en marzo de 2001, Sánchez Monteseirín concedió una foto que sirvió a Juan Manuel López Benjumea e Isidoro Beneroso para hacer público su proyecto de unir El Monte y Caja San Fernando; apenas tres meses después, su partido, el PSOE, tumbaba la fusión que promovían López Benjumea y Beneroso por obviar la renovación de cargos a la que les obligaba la Ley de Cajas. El miércoles, el alcalde recibió por pri...
La penúltima reunión en el Ayuntamiento de Sevilla del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, con los presidentes de las dos cajas sevillanas estuvo rodeada de polémica. En aquel encuentro, en marzo de 2001, Sánchez Monteseirín concedió una foto que sirvió a Juan Manuel López Benjumea e Isidoro Beneroso para hacer público su proyecto de unir El Monte y Caja San Fernando; apenas tres meses después, su partido, el PSOE, tumbaba la fusión que promovían López Benjumea y Beneroso por obviar la renovación de cargos a la que les obligaba la Ley de Cajas. El miércoles, el alcalde recibió por primera vez a los nuevos presidentes de El Monte, José María Bueno Lidón, y San Fernando, Alfredo Pérez Cano, que le comentaron los avances en una fusión que ahora sí se ajusta a la legalidad. Pero una de las herencias de la polémica gestión inmobiliaria de López Benjumea y Beneroso, el proyecto comercial Puerto Triana, se coló y acaparó el encuentro.
El proyecto, del que El Monte y Caja San Fernando poseen casi la mitad del capital desembolsado (unos cinco millones de euros) y en el que la multinacional Rodamco, especializada en centros comerciales y de ocio, ha asumido el papel de socio industrial, apuesta por un determinado desarrollo urbanístico de la zona sur de la Isla de la Cartuja, ahora clasificada fundamentalmente como espacio libre. Pero ese desarrollo, amparado por un convenio firmado con el Ayuntamiento y respaldo de los tres grupos municipales mayoritarios (PSOE, PA y PP) ha chocado reiteradamente con las objeciones de la Consejería de Obras Públicas, que vela por la legaliidad de las modificaciones urbanísticas.
En un informe del pasado 3 de mayo, la dirección general de urbanismo de la Consejería dijo su última palabra sobre el proyecto que impulsan los promotores y avala la Gerencia municipal de Urbanismo. La Gerencia, dirigida por el andalucista Rafael Carmona, pretendía considerar 'puntual' la modificación necesaria en el plan urbanístico para permitir la construcción de Puerto Triana, lo que dejaba su aprobación definitiva en manos del Ayuntamiento. En su escrito, la Consejería mantiene que es una modificación cualificada, lo que exige el visto bueno de la Junta, y manifiesta reticencias de calado sobre la intención de transformar espacios libres en usos comerciales con elevada edificabilidad.
Al escrito de la Junta, Carmona respondió con una huida hacia adelante: anunció el inicio de otro expediente, para intentar esta vez encajarlo como modificación puntual dentro del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que se aprobará este verano. Y aseguró que si la Junta volvía a rechazar su propuesta, ignoraría el dictamen y plantearía al pleno municipal la aprobación del proyecto, una decisión que sólo dejaría a la Consejería la opción de recurrir a los tribunales para defender sus competencias.
'El avance del PGOU no tiene ninguna implicación jurídica sobre el cambio de clasificación de los suelos, eso sólo lo hace la aprobación definitiva del nuevo PGOU, cualquier cambio que se haga hasta entonces se hará sobre el plan vigente', explica la directora autonómica de urbanismo, Josefina Cruz, quien recalca que si la modificación vuelve a plantearse en los mismos términos, el dictamen de la Junta se repetirá.
A pesar de las contundentes objeciones de la Junta, el alcalde y los presidentes de las cajas han optado por intentar salvar el proyecto. Monteseirín, condicionado por su pacto de gobierno con los andalucistas, ha resucitado la idea de crear una mesa de negociación, propuesta de la que ya habló con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, a principios del año pasado en otro polémico encuentro al que acudieron los promotores de Puerto Triana y Ricardo Bofill, arquitecto encargado del diseño. En la mesa, que el alcalde quiere convocar en los próximos días, se sentarán los promotores, las cajas y representantes municipales, pero no la Junta, que esperará a la nueva propuesta del Ayuntamiento.
Los nuevos presidentes de El Monte y Caja San Fernando también están obligados a nadar entre dos aguas. Si los cambios que se introducen suponen una rebaja importante en los metros cuadrados edificables para uso comercial, la multinacional Rodamco, la única interesada en comprar la participación de los demás socios una vez aprobado el proyecto, dará la espantá. 'Queremos propiciar un acercamiento entre las posiciones del Ayuntamiento y la Junta sobre la edificabilidad de los suelos', asegura Bueno. 'Puerto Triana tiene que ser posible y viable', corrobora el presidente de San Fernando. Pero ambos, empeñados en alejar fantasmas del pasado reciente de las cajas, también se descuelgan de la vía dura auspiciada por Carmona. 'Hay que ajustarse a la legalidad, no estamos de acuerdo con que la lucha se lleve hasta el extremo', indica Pérez Cano. 'No vamos a actuar contra la Junta', recalca el presidente de El Monte.
Comercios en La Cartuja
Tras meses de debate, el Ayuntamiento de Sevilla dio en marzo de 1999 el visto bueno al proyecto de Puerto Triana, con modificaciones notables respecto al que ganó el concurso de ideas auspiciado por la sociedad estatal Agesa para dar uso comercial a la zona sur de la Isla de La Cartuja. El proyecto, que en líneas generales es el defendido hasta ahora por la Gerencia municipal de Urbanismo, plantea una superficie comercial de 5.000 metros cuadrados, con una edificabilidad de 72.890 metros cuadradros. Además reserva otros 15.000 metros cuadrados de edificabilidad para oficinas y un hotel y otros 40.000 metros cuadrados para usos dotacionales, que incluirían la reutilización del antiguo Pabellón de la Naturaleza de la Expo 92 como museo o centro cultural. El arquitecto Ricardo Bofill asumió el diseño del proyecto en 2000 e incorporó una torre de 80 metros para albergar las oficinas.
Las objeciones de Obras Públicas
En su último informe, la Junta reclama al Ayuntamiento que si quiere aprobar Puerto Triana como una modificación puntual de su planeamiento vigente debe proceder a 'una reducción significativa' de la edificabilidad prevista en usos terciarios (comercial y oficinas). La dirección autonómica de urbanismo también exige que el proyecto precise si se va a implantar la torre de Bofill y cuál va a ser su uso y recuerda que la altura máxima permitida en el planeamiento de la ciudad es de 26 metros para usos terciarios. La Junta quiere que se justifique la compensación de los espacios libres afectados por la implantación de nuevos usos, incluidos los que habría que añadir por tratarse de usos lucrativos privados. Y requiere además que se garanticen las 'inversiones y actuaciones de ordenación necesarias' para evitar colapsos de tráfico por la implantación del nuevo proyecto.
La tenacidad del PA
El último dictamen en contra de la Junta no ha desalentado a la Gerencia municipal de Urbanismo, en manos del PA, que se ha significado por su tenaz defensa del proyecto, amparado por el convenio municipal firmado en 1999. El delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, mantiene que ya ha trasladado a la Junta las explicaciones que le requiere de nuevo. 'Parece que se quiere ordenar urbanísticamente la ciudad desde la Junta' dijo hace una semana cuando adelantó la posibilidad de que el conflicto acabe en los tribunales.
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