Columna

Efecto mariposa

Es un ejemplo prodigioso de eso que se llama 'efecto mariposa', ese que sirve para explicar que la causa y el efecto no siempre han de ser vecinos, sino que pueden estar separados por el espacio y el tiempo: el caso Gescartera va a permitir que el presidente de CajaSur, el padre Castillejo, se jubile cuando le apetezca -tiene 84 años- y que su entidad quede a salvo de las impías manos de la Junta de Andalucía y bajo protección directa del Ministerio de Economía. Ave María Purísima.

Así son las cosas. A cuenta del escándalo Gescartera, el Gobierno del PP mandó a las Cortes una Ley Financ...

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Es un ejemplo prodigioso de eso que se llama 'efecto mariposa', ese que sirve para explicar que la causa y el efecto no siempre han de ser vecinos, sino que pueden estar separados por el espacio y el tiempo: el caso Gescartera va a permitir que el presidente de CajaSur, el padre Castillejo, se jubile cuando le apetezca -tiene 84 años- y que su entidad quede a salvo de las impías manos de la Junta de Andalucía y bajo protección directa del Ministerio de Economía. Ave María Purísima.

Así son las cosas. A cuenta del escándalo Gescartera, el Gobierno del PP mandó a las Cortes una Ley Financiera en la que, a última hora, se han colado unos substanciosos añadidos. Lo de menos es lo que afecta al veterano clérigo que pronunció, hará año y medio, estas palabras tan escasamente proféticas: 'La alcaldía de Jesús Gil', bendijo el sabio canónigo, 'es un signo claro de eficacia y de buen hacer como gestor y empresario'.

Lo de más es que el PP, después de poner en manos fieles las antiguas empresas públicas, trate de acabar, en un par de carambolas, con algo que no pudo ni el mismísimo general Franco: el poderío financiero vasco y catalán, único contrapeso periférico a la dictadura. Los malpensados dicen que el PP, tras hacerse con el BBV, pretende tomar la Caixa y por eso ha metido de matute en la Ley Financiera la jubilación de los presidentes de cajas de ahorro; a excepción, claro está, de las dos participadas por la Iglesia.

El asunto será todo un culebrón financiero que promete mucho. De momento, por aquí, por el Sur, lo vamos viviendo, más bien, como un teatrillo de marionetas, dada la escasa envergadura de los argumentos con los que se trata de justificar que la representación pública en el consejo de las cajas tenga un techo del 50%, en vez del 56% contemplado por la legislación andaluza.

Según el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ese 6% de diferencia sería el antídoto contra las 'ansias intervencionistas' de la Junta. Así califica Sanz el uso de las cajas como principal herramienta financiera de las comunidades autónomas, herramienta que es especialmente útil -y lo seguirá siendo cuando gobierne el PP- en una región, como la nuestra, que carece de una burguesía autóctona que merezca ese nombre.

Quizá Sanz no sepa cómo funcionan las cajas en otras comunidades: en Cantabria es el polémico secretario del PP regional, Carlos Saiz, el que preside Caja Cantabria, y en Navarra es el presidente autonómico -también del PP- quien también preside Caja Navarra. Ejemplos similares se encuentran en otros feudos del PP como Ávila o Segovia.

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En Andalucía, el 56% de los puestos de consejero están repartidos según criterios de proporcionalidad entre los partidos con representación política. En la Comunidad Valenciana, la cuota pública no alcanza el 30%, pero en ese cupo sólo está representado el Gobierno del PP.

¿Dónde existen más 'ansias intervencionistas'? ¿Cuál es el sistema más plural? Estas dos preguntas son facilonas -incluso si no se dispone de calculadora-, pero hay una tercera: ¿Por qué es la desvergüenza el elemento esencial del debate político?

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