El 70% de los procedimientos judiciales de malos tratos queda sin sanción porque la víctima rectifica

La Fiscalía del TSJA pide que se amplíe la asistencia al perjudicado hasta la vista judicial

El 70% de los juicios sin sanción por malos tratos en Andalucía se debe a la retractación de la víctima bien durante la vista oral o en la fase de instrucción, según consta en la memoria anual de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de andalucía (TSJA). Esta repetida circunstancia indujo el año pasado a los fiscales a solicitar la presencia del personal del Servicio de Ateción a la Víctima de Andalucía (SAVA) en los días previos a la celebración de los juicios e incluso durante las sesiones del mismo. En la comunidad se incoaron el año pasado 136 casos por maltrato, 98 más que el ante...

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El 70% de los juicios sin sanción por malos tratos en Andalucía se debe a la retractación de la víctima bien durante la vista oral o en la fase de instrucción, según consta en la memoria anual de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de andalucía (TSJA). Esta repetida circunstancia indujo el año pasado a los fiscales a solicitar la presencia del personal del Servicio de Ateción a la Víctima de Andalucía (SAVA) en los días previos a la celebración de los juicios e incluso durante las sesiones del mismo. En la comunidad se incoaron el año pasado 136 casos por maltrato, 98 más que el anterior.

La memoria del ministerio público referida al año 2001 contiene una extensa reflexión sobre los casos de maltrato en el seno familiar después de constatar un 'espectacular' aumento de los procedimientos abreviados que, al mismo tiempo, es indicio de una mayor sensibilidad pero también de cierto 'fracaso institucional' ante tales delitos.

El dato más relevante es el referido a la retirada de denuncias o testimonios de la víctimas en el transcurso de la instrucción judicial. La Fiscalía del TSJA calcula que en el 70% de los casos la víctima se retracta debido a las coacciones del maltratador. Para evitar este fenómeno, el ministerio pública considera que hay que ampliar la asistencia a las personas maltratadas por parte del SAVA hasta los días previos del juicio e incluso durante las sesiones de la vista oral. En la fase de instrucción, ante la sospecha de una rectificación inducida por parte del agresor, la Fiscalía suele dar parte a la Policía Judicial para que compruebe si ha habido tal intimidación.

La búsqueda de pruebas indirectas que permitan combatir la 'frecuente retractación' y la acreditación de las circunstancias familiares del entorno familiar y social son otros dos recursos que se emplean cotidianamente para impedir que los procedimientos no lleguen a su fin.

La memoria reconoce que 'las víctimas tienden a desconfiar del proceso judicial como mecanismo de solución de su grave problema, manifestando un intenso temor de que el agresor incremente sus episodios violentos ante el conocimiento del inicio de una actividad judicial que muchas veces no puede proteger adecuadamente a la víctima ni cuenta, en supuestos de especial gravedad, de una sanción adecuada a las circunstancias'.

En este sentido, la Fiscalía cree que la falta de programas de rehabilitación o educativos es un factor negativo para lograr disminuir el maltrato. 'No parece que debamos admitir la imposible rehabilitación del maltratador en todo caso', precisa el informe. Otra cosa, añade el fiscal, es la eficacia de las actuaciones judiciales. La Fiscalía del tribunal andaluz reconoce que los arrestos de fin de semana no son siempre las medidas más adecuadas, 'como tampoco es la imposición de una multa'.

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'Las situaciones de maltrato familiar rara vez pueden resolverse a través de un juicio de faltas ya que o bien esconden una realidad mucho más grave y constitutiva de un delito caracterizado por la habitualidad o bien constituyen incidentes menores que no siempre deben corregirse por la vía penal', reflexiona la memoria.

'Falta quizá una profundización en las medidas rehabilitadoras a la hora de enfrentar el problema o una conciencia mayor en las tareas educativas que debe asumir cualquier sociedad democrática, circunstancias que escapan del ámbito penal pero que inciden obviamente en la actuación de los tribunales', reconoce la memoria.

Respecto al formidable incremento detectado en el número de procedimientos incoados el año pasado, la Fiscalía recalca la enorme complejidad del fenómeno. 'Cabe señalar que junto a la mayor confianza de algunas víctimas (más que en la actuación judicial en el entorno asistencial y social) aparece un fracaso en la prevención delictiva sin que los comportamientos de los maltratadores se vean corregidos o modificados'. La Fiscalía cree que el maltrato 'no ha hecho más que aflorar' ya que nada se sabe de los casos sobre ancianos, discapacitados o menores.

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