La junta de fiscales de Alicante cree 'inviables' los juicios rápidos
La junta de fiscales de la Audiencia de Alicante consideró ayer 'absolutamente inviable' la aplicación de los juicios rápidos en las partidas judiciales de la provincia, por la escasez de recursos humanos. De esta forma, la Fiscalía de Alicante se suma a las voces que reclaman un refuerzo de la infraestructura judicial -juzgados de guardia, policías de barrio, médicos forenses, peritos e intérpretes- para que el modelo de justicia rápida funcione.
Los representantes del ministerio público expresaron su reticencia a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -en estos momentos en t...
La junta de fiscales de la Audiencia de Alicante consideró ayer 'absolutamente inviable' la aplicación de los juicios rápidos en las partidas judiciales de la provincia, por la escasez de recursos humanos. De esta forma, la Fiscalía de Alicante se suma a las voces que reclaman un refuerzo de la infraestructura judicial -juzgados de guardia, policías de barrio, médicos forenses, peritos e intérpretes- para que el modelo de justicia rápida funcione.
Los representantes del ministerio público expresaron su reticencia a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -en estos momentos en trámites en el Congreso por el procedimiento de urgencia-, prevista por el Gobierno con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. La modificación legislativa pretende la instauración de los juicios rápidos, una fórmula que permite juzgar en un plazo máximo de 15 días, a partir del arresto del delincuente, los delitos menores y flagrantes.
'Es absolutamente inviable, por la plantilla. Amén de la sospecha de inconstitucionalidad, y de los defectos técnicos', declaró de forma contundente el fiscal Juan Carlos López Coig al término de la reunión. Esta postura coincide con las advertencias lanzadas por todos los grupos de la oposición en la Cámara, durante la tramitación en el pleno del Congreso. Los partidos alertaron de la posible inconstitucionalidad del plazo de caducidad del delito, ya que si el fiscal no actúa a tiempo se sobresee la causa.
La junta acordó además la elaboración de un estudio que se remitirá a la Fiscalía General del Estado, a las asociaciones del ámbito de la Justicia y a las fiscalías provinciales sobre la reforma que promueve el Gobierno central.