El juez prolonga la prisión hasta el lunes a Gil y a cuatro de sus colaboradores en el Ayuntamiento de Marbella

El juez Juan del Olmo acordó ayer mantener en prisión incondicional, aunque ya no incomunicados, a Jesús Gil y a cuatro de sus seis colaboradores, si bien esta situación desaparecerá previsiblemente el próximo lunes, en cuanto declaren algunos testigos a los que el juez había citado y no se presentaron. Del Olmo mantiene encarcelado a Gil para que las pruebas sobre la presunta malversación de 30 millones de euros en el Ayuntamiento de Marbella 'gocen de la adecuada verosimilitud, veracidad y credibilidad, al impedir que dichas testificales puedan ser alteradas o manipuladas'.

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El juez Juan del Olmo acordó ayer mantener en prisión incondicional, aunque ya no incomunicados, a Jesús Gil y a cuatro de sus seis colaboradores, si bien esta situación desaparecerá previsiblemente el próximo lunes, en cuanto declaren algunos testigos a los que el juez había citado y no se presentaron. Del Olmo mantiene encarcelado a Gil para que las pruebas sobre la presunta malversación de 30 millones de euros en el Ayuntamiento de Marbella 'gocen de la adecuada verosimilitud, veracidad y credibilidad, al impedir que dichas testificales puedan ser alteradas o manipuladas'.

Según el auto del titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, las declaraciones de los testigos que faltan 'agotarían las diligencias urgentes y necesarias que este juzgado central de instrucción se ha visto obligado a realizar en tan corto espacio de tiempo'.

Del Olmo añade que cuando estén 'presentes todos los testigos en dependencias de este juzgado desaparecerá la razón de la prisión provisional incondicional mantenida en los términos que ahora se justifican'.

A las cinco de la tarde de ayer, el juez levantó la incomunicación de todos los presos por la presunta malversación de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas) del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995, pero resolvió mantener en prisión incondicional al alcalde de la localidad y presidente de Atlético de Madrid, Jesús Gil; a su ex abogado José Luis Sierra; al gerente de la empresa municipal Contratas 2000, José Luis Jiménez; al contable de varias empresas marbellíes, Manuel Castel, y al gerente de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca.

Por el contrario, Eduardo Gonzálvez, contable de Planeamientos 2000, una de las empresas vinculadas a Contratas 2000, y Francisco Javier Herrera, empleado de la misma compañía, podrán salir en libertad provisional en cuanto depositen la fianza de 150.000 euros (unos 25 millones de pesetas) decretada por Del Olmo. Los familiares de estos dos imputados recibieron entre lágrimas y abrazos la noticia de la liberación.

En cambio, el catedrático Horacio Oliva, abogado de Jesús Gil, visiblemente afectado por la decisión judicial, no pudo reprimirse cuando fue abordado por los periodistas: 'Me parece una barbaridad muy grande; qué quiere usted que le diga'. Oliva indicó que en ese momento, las ocho de la tarde, salía para la cárcel de Alcalá- Meco para informar personalmente a su cliente: 'El recurso ya está presentado', añadió.

Previamente, a las cinco de la tarde, el juez había levantado la incomunicación a los siete imputados que se encuentran en prisión.

Del Olmo justifica su decisión de enviar a prisión incondicional e incomunicada a los imputados, los pasados días 16 y 17, para 'asegurar las fuentes de prueba, cuya práctica podía verse gravemente alterada o manipulada'.

Según el juez, esta pruebas eran básicamente declaraciones de testigos cuya comparecencia era ineludible. El resultado de estos testimonios ha sido 'clarificador', según el juez, que señala que el 'inicial y urgente estudio' de los documentos encontrados en los registros 'permite aventurar un entramado que ha venido a corroborar extremos iniciales de la querella presentada'.

Del Olmo insiste en que ha debido acordar otras diligencias urgentes e inmediatas a raíz de las pruebas testificales y la documentación obtenida de uno de los registros a uno de los nuevos querellados. Por eso afirma que la medida 'estricta y rigurosa' de la prisión incondicional e incomunicada es 'proporcional y justificada'.

El juez agrega que en el momento actual restan por practicarse diligencias de investigación que no se han podido efectuar ante la incomparecencia de los testigos citados, lo que le lleva a practicarlas manteniendo el secreto de las actuaciones, aunque ya no la incomunicación de los imputados.

El juez decreta la libertad bajo fianza de Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera porque el riesgo de obstrucción en la labor judicial 'se ve restringido hasta extremos que hacen no justificable la prisión provisional'.

En cuanto a Gil y los demás imputados, el juez aprecia que aparecen 'en un nivel más elevado, relevante y de estructuración de las actividades, dado el grado de presunta responsabilidad adoptado en la organización y toma de decisiones'. Así, 'dado el grado de conocimiento y relación con los testigos pendientes', cree procedente mantener la prisión incondicional hasta que declaren los testigos que no se presentaron. A tenor de la fianza impuesta a los menos responsables, la de Gil podría ser espectacular, según evaluaban ayer fuentes jurídicas.