Chozas abre la vía de la negociación
El secretario general de Empleo, Juan Chozas, dijo ayer en Córdoba que el documento para la reforma del desempleo presentado por el Gobierno a los agentes sociales es, por el momento, una propuesta y que ahora corresponde hablar sobre la misma e incorporar iniciativas de una y otra parte 'y estudiar de qué manera podemos llegar a unos puntos de encuentro'. Chozas contestó así a la respuesta de 'movilizaciones contundentes' que han anunciado los sindicatos si prospera el texto que el Ejecutivo de Aznar ha elaborado, que incluye la desaparición paulatina del subsidio agrario y el Plan de Empleo ...
El secretario general de Empleo, Juan Chozas, dijo ayer en Córdoba que el documento para la reforma del desempleo presentado por el Gobierno a los agentes sociales es, por el momento, una propuesta y que ahora corresponde hablar sobre la misma e incorporar iniciativas de una y otra parte 'y estudiar de qué manera podemos llegar a unos puntos de encuentro'. Chozas contestó así a la respuesta de 'movilizaciones contundentes' que han anunciado los sindicatos si prospera el texto que el Ejecutivo de Aznar ha elaborado, que incluye la desaparición paulatina del subsidio agrario y el Plan de Empleo Rural en Andalucía y Extremadura. Añadió que esta propuesta 'no es absolutamente inamovible, innegociable o inviable, porque, de lo contrario, ya estaría publicada en el Boletín Oficial del Estado'.
Tras advertir que esta reforma, que incluye que los parados perderán sus prestaciones por desempleo si rechazan un trabajo a menos de 50 kilómetros de su casa, defiende los intereses generales de los trabajadores, Chozas indicó que el Gobierno plantea una serie de medidas generales que lo que buscan es 'que las personas que estén en desempleo tengan más oportunidades de trabajo y que la protección por desempleo esté más relacionada con el empleo', así como mejorar la protección y las medidas activas que favorezcan encontrar un puesto de trabajo, sobre todo a los que más dificultades tienen para acceder al mercado laboral.
Preguntado acerca de si la propuesta de reforma del PER iba a alterar el acuerdo entra Junta y Gobierno para la cogestión de estos fondos (120 millones anuales en subvenciones para obras en pueblos), medida que iba a estar incluida en la transferencia de las políticas activas de empleo a Andalucía, Chozas eludió responder. 'El proceso de transferencias está abierto y esperamos que de manera inmediata podamos cerrarlo. Espero que en los próximos días lo cerremos definitivamente', indicó el secretario general de Empleo.
Políticas activas de empleo
El Ministerio de Administraciones Públicas ha convocado para el próximo lunes a altos funcionarios de la Junta y el Gobierno central a una ponencia técnica para solventar las diferencias que, según el Ministerio de Trabajo, impiden la transferencia de las políticas activas de empleo a Andalucía. Por contra, la Consejería de Empleo sostiene que ya llegó a un acuerdo técnico precisamente con Chozas hace más de un año, un acuerdo que incluía la cogestión de los fondos del PER.
El secretario general de Empleo, en sus declaraciones a los periodistas antes de inaugurar unas jornadas de trabajo de la UE, recalcó que todas las personas que actualmente estén protegidas por el sistema de subsidio agrario en Andalucía y Extremadura 'no ven alterada ni en un punto ni en una coma su actual régimen, salvo que quieran optar por el sistema contributivo'.
Los cambios
- Cierre al subsidio agrario. Unos 200.000 jornaleros andaluces acceden cada año al subsidio agrario (330 euros mensuales durante un máximo de seis meses) si presentan 35 peonadas. Con la reforma, sólo podrán acceder al subsidio los que lo hayan pedido en los últimos tres años. Es decir, no habrá nuevos demandantes. - Nuevo sistema. Los que queden fuera del subsidio cotizarán en un sistema contributivo que les dará derecho a tres meses de paro si han trabajado 360 días (la media anual son 60 peonadas). Este sistema no les permitirá cobrar ayudas familiares una vez agotado el paro. - Movilidad. La reforma prevé recortar el derecho a prestaciones o subsidios si el trabjador rechaza un empleo 'adecuado'. A la tercera negativa, perderá totalmente ese derecho. Cualquier empleo de la profesión a menos de 50 kilómetros de la residencia es 'adecuado' y, sin límite de distancia, cualquiera que ofrezca un 'alojamiento apropiado'.
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