Un matrimonio, condenado a 18 meses de cárcel por fraude al PER
Un matrimonio de Antequera ha sido condenado a 18 meses de cárcel, 1.081.822 euros de multa y 975.058 de indemnización al INEM por un delito continuado de fraude de ayudas públicas por firmar peonadas falsas y fingir relaciones laborales para que más de cuarenta trabajadores cobraran el subsidio del Plan de Empleo Rural (PER). El fallo de la Audiencia de Málaga considera probado que María Rosario E. C. y su esposo, Narciso P. P., aprovechando que tenían una pequeña finca, certificaron 12.000 jornales que en realidad nunca se prestaron, ardid que les permitió embolsarse unos 42.000 euros.
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Un matrimonio de Antequera ha sido condenado a 18 meses de cárcel, 1.081.822 euros de multa y 975.058 de indemnización al INEM por un delito continuado de fraude de ayudas públicas por firmar peonadas falsas y fingir relaciones laborales para que más de cuarenta trabajadores cobraran el subsidio del Plan de Empleo Rural (PER). El fallo de la Audiencia de Málaga considera probado que María Rosario E. C. y su esposo, Narciso P. P., aprovechando que tenían una pequeña finca, certificaron 12.000 jornales que en realidad nunca se prestaron, ardid que les permitió embolsarse unos 42.000 euros.
Según la resolución, el marido captaba a los trabajadores interesados en obtener peonadas falsas y luego su mujer las firmaba. Por cada jornal acreditado indebidamente cobraban entre tres y cuatro euros. Si además, la persona tenía que darse previamente de alta en el régimen especial agrario (REASS) para acceder a la subvención, simulaban una relación laboral y luego le certificaban las peonadas. En este caso, el falso trabajador agrario pagaba 600 euros. La pareja se valió incluso de 'recolectores' de clientes que percibían 0,60 euros por cada jornal certificado y no ejecutado y 60 euros si había que hacer el trámite completo -inscripción en el REASS- para dar legalidad al fraude.
El fallo recoge íntegramente la pena solicitada por el fiscal, que rebajó la petición inicial, y fue aceptada por los acusados en el juicio. La sentencia absuelve a las personas que se beneficiaron del cobro indebido y a los recaudadores de clientes. Aunque considera que 'podrían discutirse' las razones por las que se descriminalizaron esas conductas si no llegaban a los 60.000 euros, aplica la ley y concluye que sólo procede su sanción administrativa. La pareja quizá no vaya a cárcel dado que ya cumplió siete meses de prisión preventiva.