Plazos de ejecución de la sentencia

Si el Tribunal Constitucional no suspende la aplicación de la pena, los plazos de aplicación de la sentencia dependen de la celeridad de la Administración de Justicia en comunicar el fallo a la Audiencia de Málaga, para que ésta aplique la inhabilitación. Ayer, el Supremo notificó el fallo, pero la sentencia, de 80 folios, no estará hasta la semana próxima.

Después, el expediente completo -de unos 18.000 folios- con la sentencia será enviado a Málaga, para que la Audiencia lo ejecute. El tiempo que se emplee en este procedimiento no está tasado. Fuentes de la defensa de Gil apuntan que...

Si el Tribunal Constitucional no suspende la aplicación de la pena, los plazos de aplicación de la sentencia dependen de la celeridad de la Administración de Justicia en comunicar el fallo a la Audiencia de Málaga, para que ésta aplique la inhabilitación. Ayer, el Supremo notificó el fallo, pero la sentencia, de 80 folios, no estará hasta la semana próxima.

Después, el expediente completo -de unos 18.000 folios- con la sentencia será enviado a Málaga, para que la Audiencia lo ejecute. El tiempo que se emplee en este procedimiento no está tasado. Fuentes de la defensa de Gil apuntan que 'entre una semana y 10 días', mientras desde la acusación particular se citan 'casos que han tardado más de dos meses'. Una vez que reciba la sentencia, la Audiencia la notificará personalmente a Gil y enviará un oficio al Ayuntamiento. Cuando se reciba este documento, la inhabilitación será efectiva.

En paralelo al curso de este expediente, la defensa de Gil tiene 20 días para recurrir ante el Tribunal Constitucional, plazo que empezará a contar desde que el Supremo le entregue la sentencia. Si presenta un recurso de amparo, solicitará la suspensión de las penas. El Tribunal tendría siete días para decidir si las suspende. En todo caso, la admisión a trámite puede tardar 'seis o siete meses', según fuentes jurídicas, y una sentencia definitiva, alrededor de tres años. Sobre la jurisprudencia del Constitucional en la materia hay división de opiniones. Para la defensa, 'es frecuente la suspensión de penas privativas de derechos, y las privativas de libertad que son pequeñas, como en este caso'. Pero el abogado de la acusación particular, José Carlos Aguilera, sostiene que 'no hay ningún precedente de suspensión de una condena por prevaricación'.