Gil aprueba por tercera vez el PGOU marbellí y amenaza con no someterlo al control de la Junta
La oposición municipal se plantea presentar un recurso contencioso contra el acuerdo
El alcalde de Marbella, Jesús Gil, aprobó ayer por tercera vez en cuatro años de forma unilateral el texto refundido de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que la Junta de Andalucía ha rechazado ya dos veces. Gil sacó adelante el planeamiento urbanístico elaborado por su equipo de gobierno en un polémico pleno extraordinario, en el que el regidor planteó incluso la posibilidad de no remitir el documento a la comisión provincial de Urbanismo, que lo reclama desde el año 1998. PSOE, PP y PA amenazan con presentar un contencioso para anular el acuerdo.
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El alcalde de Marbella, Jesús Gil, aprobó ayer por tercera vez en cuatro años de forma unilateral el texto refundido de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que la Junta de Andalucía ha rechazado ya dos veces. Gil sacó adelante el planeamiento urbanístico elaborado por su equipo de gobierno en un polémico pleno extraordinario, en el que el regidor planteó incluso la posibilidad de no remitir el documento a la comisión provincial de Urbanismo, que lo reclama desde el año 1998. PSOE, PP y PA amenazan con presentar un contencioso para anular el acuerdo.
El pleno reflejó un lleno total. No en vano Gil había convocado tanto a simpatizantes como a los vecinos que han solicitado viviendas sociales para que acudieran a la sesión, que estuvo plagada de descalificaciones e interrupciones constantes del público. La magnitud de los asuntos a tratar y la presencia en la sala del propio Jesús Gil, que desde hace dos años no presidía una sesión plenaria, fueron las notas más significativas de la jornada, en la que el regidor dio luz verde, con los únicos votos de su grupo, el PGOU, su polémico Plan de Viviendas y los presupuestos municipales.
Pese a tratarse del tema más importante, Gil zanjó el debate sobre el PGOU en sólo unos minutos. 'El texto refundido saldrá a exposición pública, y luego ya veremos si lo llevamos o no a la Junta de Andalucía', dijo Gil, que eludió referirse al contenido del plan. 'De este tema no vamos a hablar más', añadió. Los grupos de la oposición, que fueron convocados a la sesión plenaria con tan sólo 23 horas de antelación, se quejaron de no haber tenido tiempo para analizar el documento, del que no se les ha proporcionado copias.
'Es usted incorregible', le espetó la portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos, que recordó a Gil que la última vez que mantuvo esta actitud provocó que tanto la Junta como el resto de los partidos presentasen un recurso contencioso-administrativo, que dio lugar a que los tribunales suspendiesen la aprobación del PGOU. Según la edil el documento no cumple con lo exigido por la Junta, una opinión que comparten populares y andalucistas. La concejal del PP Francisca Caracuel afirmó que los planos que figuran en el texto refundido 'no son correctos', mientras que el edil del PA, Carlos Fernández, calificó el documento de 'desastre urbanístico'.
En cualquier caso, la postura de Gil con respecto al PGOU parece inamovible. 'Se trata de un tema manido y manoseado', señaló el regidor, que añadió que sabe que este nuevo plan no va a recibir el visto bueno de la Junta.
Las diferencias entre Gil y la Junta respecto al PGOU no son nuevas. La comisión provincial de Urbanismo rechazó en julio de 1998 el documento presentado por el alcalde, que pretendía recalificar 11 millones de metros cuadrados de terreno forestal, y le exigió la redacción de un texto refundido. Gil no solo no cumplió el encargo sino que en agosto aprobó el documento en pleno. En octubre de 2000 la Junta volvió a rechazar por segunda vez el planeamiento, por no ajustarse a las indicaciones realizadas dos años antes. En esta ocasión el texto elaborado por Gil no sólo incumplía la resolución de julio sino que además introducía cambios y modificaciones en las partes aprobadas por la Junta. En el último año ambas partes parecieron llegar a un acuerdo para dar una salida al ordenamiento de la ciudad, aunque las continuas infracciones por parte de Gil, que siguió dando licencias y firmando convenios contrarios al PGOU vigente, rompieron las negociaciones.
Desde entonces raro es el día que Gil no plantea nuevos enfrentamientos con la administración andaluza, que desde octubre de 2000 ha impugnado ante los tribunales al menos 20 licencias de obras concedidas por el equipo de gobierno y ha remitido a la Fiscalía otras 59.
Expropiación para las viviendas sociales
Las 3.000 viviendas para jóvenes prometidas por Jesús Gil hace dos semanas, en el último congreso de su partido, fue otro de los asuntos del pleno de ayer en Marbella. El Grupo Independiente Liberal aprobó la creación de una sociedad municipal para gestionar los inmuebles, que en principio se iban a construir en suelo forestal. La oposición, que pidió estar representada en la citada comisión, sostiene que los nuevos terrenos, situados al norte del polígono industrial La Ermita, están calificados como sistema general de áreas libres para parque deportivo y cultural en el texto refundido aprobado ayer, mientras que Gil asegura que se trata de suelo urbanizable no programado. En cualquier caso el GIL ha iniciado el expediente de expropiación de 111.000 metros cuadrados, que se ampliaran hasta los 451.000 metros de que consta la finca, para incorporarlo al patrimonio municipal de suelo. La decisión del regidor provocó ayer la protesta de los propietarios durante el pleno. 'Expropia tu casa', gritaban ocho de los 20 afectados, que afirmaron que el Ayuntamiento les dijo que no podían vender los terrenos 'porque no eran urbanizables'. 'Jamás he expropiado a nadie sin dialogar', respondió Gil, que aseguró que en los próximos días se reunirá 'personalmente' con los propietarios para llegar a un acuerdo. Sin embargo, señaló que en el plazo de tres meses meterá las máquinas para que allanen el terreno. El Ayuntamiento aprobó también ayer la venta de la finca El Pinillo por unos cinco millones de euros para financiar la primera fase del proyecto de viviendas, pese a que según el PSOE se trata también de 'suelo no urbanizable y de protección agrícola de regadío' en el PGOU de 1986.