El Gobierno catalán, dispuesto a asumir el coste de la subvención de los peajes de Mollet y Rubí
La propuesta del consejero Felip Puig desagrada al resto de la comisión negociadora
Probablemente, en un futuro próximo los usuarios habituales de la autopista C-33 -antes A-17- y C-16 -antes A-18- dejen de pagar, respectivamente, los peajes de Mollet y Rubí, pero no a costa de las empresas concesionarias de las autopistas, sino de las arcas del Gobierno catalán; es decir, de todos los contribuyentes. El consejero de Política Territorial, Felip Puig, anunció ayer la disposición de la Generalitat de afrontar la compensación a las concesionarias por la gratuidad de las barreras de Mollet y Rubí, unos 7,2 millones de euros (1.200 millones de pesetas).
El modelo propuesto ...
Probablemente, en un futuro próximo los usuarios habituales de la autopista C-33 -antes A-17- y C-16 -antes A-18- dejen de pagar, respectivamente, los peajes de Mollet y Rubí, pero no a costa de las empresas concesionarias de las autopistas, sino de las arcas del Gobierno catalán; es decir, de todos los contribuyentes. El consejero de Política Territorial, Felip Puig, anunció ayer la disposición de la Generalitat de afrontar la compensación a las concesionarias por la gratuidad de las barreras de Mollet y Rubí, unos 7,2 millones de euros (1.200 millones de pesetas).
El modelo propuesto por Puig sólo es del agrado de sí mismo y de las concesionarias de las autopistas, que seguirían obteniendo beneficios de los peajes de Mollet y Rubí, dos de los más rentables puesto que están en las puertas de esas poblaciones. Ese modelo fue defendido ayer por el consejero en un documento sometido al estudio de la comisión de peajes, creada en enero pasado con la intención de buscar un modelo que corrigiera la alta concentración de vías de pago que existe en Cataluña, el 60% de pago -autopistas- y el 40% gratuitas -autovías.
Pero ese acuerdo no llega. Al menos, eso se dedujo ayer de los pronunciamientos de los otros partidos políticos que integran la comisión -PSC, ICV y ERC- y de la Declaración de Gelida. Con más o menos intensidad, todos expresaron su oposición a la propuesta de Puig, sobre todo porque supone trasladar el coste de la mejora al erario público: 'No puede ser que las concesionarias no cedan ni un euro, ni un céntimo de euro de sus beneficios', puntualizó Joan Boada, diputado de Iniciativa per Catalunya.
En una comparecencia ante la prensa por separado del resto de los componentes de la comisión pese a que inicialmente estaba prevista conjunta, el consejero defendió que el Gobierno catalán estaba dispuesto a asumir los descuentos del 100% de la movilidad obligada -desplazamientos habituales por trabajo, principalmente- mediante el sistema del Teletac en las barreras de Mollet y Rubí. En el primer caso, los principales beneficiados son los usuarios de las 13 poblaciones del área de Mollet y La Llagosta que se desplazan a diario a Barcelona. Puig precisó que la bonificación total sólo funcionaría en días laborables: 'Y quiero que quede claro que del euro -166 pesetas- que cuesta el peaje de Mollet, el Gobierno catalán asume 130 pesetas porque se trata de una concesión compartida con el Estado, al que le correspondería asumir las restantes 36 pesetas de subvención'. En opinión del consejero, no debería haber obstáculo en ello 'porque podrían desplazar ese coste al peaje siguiente, el de La Roca'.
Esas subvenciones pueden representar un coste de unos 7,2 millones de euros anuales al Gobierno catalán, que, además, ha decidido asumir el aplazamiento del aumento de los peajes previsto para el 1 de abril por la revisión del IPC. Es decir, otros tres millones de euros (unos 500 millones de pesetas).
Puig insistió en que el modelo de subvención de las barreras de Mollet y Rubí sólo se adoptará 'si hay un amplio acuerdo de todas las partes implicadas'. También apuntó que está avanzado el proyecto de crear una calzada lateral en la autopista en los tramos Mongat-Barcelona y Mongat-Mataró.