Londres 'renacionaliza' la red de ferrocarriles
El Gobierno de Tony Blair anunció ayer que ha decidido compensar a los accionistas de Railtrack, la antaño empresa privada responsable de la red ferroviaria y las estaciones de los ferrocarriles británicos, intervenida en octubre pasado. La compensación es en realidad una compra de las acciones de Railtrack, lo que supone un humillante giro de 180 grados en la posición mantenida hasta ahora por el ministro de Transportes, Stephen Byers.
El Gobierno destinará directamente 300 millones de libras e indirectamente otros 200 millones de libras (en total, 810 millones de euros) a la compra de...
El Gobierno de Tony Blair anunció ayer que ha decidido compensar a los accionistas de Railtrack, la antaño empresa privada responsable de la red ferroviaria y las estaciones de los ferrocarriles británicos, intervenida en octubre pasado. La compensación es en realidad una compra de las acciones de Railtrack, lo que supone un humillante giro de 180 grados en la posición mantenida hasta ahora por el ministro de Transportes, Stephen Byers.
El Gobierno destinará directamente 300 millones de libras e indirectamente otros 200 millones de libras (en total, 810 millones de euros) a la compra de Railtrack, el conglomerado privatizado por los conservadores poco antes de perder el poder en 1997 y al que los laboristas atribuyen todos los males de los ferrocarriles británicos. Entre unas cosas y otras, los accionistas recibirán entre 240 y 260 peniques por unas acciones que valían 280 peniques justo antes de la intervención. En 1998 llegaron a cotizar a 1.700 peniques.
El cambio de posición del Gobierno no altera el fondo de la operación. La otrora privada Railtrack, intervenida el 7 de octubre del año pasado por el Gobierno, se convertirá en Network Rail, una compañía de gestión privada pero sin ánimo de lucro. Es decir, tendrá gestión privada en el día a día, pero sus directrices estarán marcadas por el interés público y serán decididas por un consejo de dirección de 100 personas en el que estará representado el Gobierno junto al sector ferroviario, los sindicatos y los consumidores.
Con la compra de Railtrack -que debe ser aprobada por la mayoría de los accionistas- el Gobierno persigue un doble objetivo. Primero, evitar una batalla legal con los accionistas que podría paralizar durante meses la reconversión de Railtrack y quizá desbaratarla para siempre. Y, segundo, recobrar la confianza de la City, que ha dejado muy claro que nada será igual en las relaciones entre el nuevo laborismo y el mundo de los negocios tras una intervención que consideran un ataque a la propiedad privada.