La reforma de la radio y la televisión públicas se encalló en mayo de 2001

La forzada dimisión de Miquel Puig como director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) es un paso más en la destrucción del consenso trabajosamente alcanzado por todos los grupos parlamentarios en diciembre de 1999, dos meses después de las elecciones autonómicas, sobre la reforma de la radio y la televisión públicas catalanas.

La reforma fue impulsada por los partidos de la izquierda, que acusaban a CiU de haber convertido la radio y la televisión públicas catalanas en un aparato de propaganda al servicio de los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol. Recogían ta...

La forzada dimisión de Miquel Puig como director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) es un paso más en la destrucción del consenso trabajosamente alcanzado por todos los grupos parlamentarios en diciembre de 1999, dos meses después de las elecciones autonómicas, sobre la reforma de la radio y la televisión públicas catalanas.

La reforma fue impulsada por los partidos de la izquierda, que acusaban a CiU de haber convertido la radio y la televisión públicas catalanas en un aparato de propaganda al servicio de los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol. Recogían también un profundo malestar profesional en los medios de la CCRTV. Y su ambicioso objetivo era sustituir el modelo existente, caracterizado por el control gubernamental sobre la radio y la televisión públicas, por otro basado en la neutralidad política de TV-3 y Catalunya Ràdio, y en la designación de su dirección con criterios estrictamente profesionales.

La oposición pretendía, entre otras cosas, que el director general de la CCRTV, que engloba a las emisoras de radio y televisión de la Generalitat, fuera nombrado por el Parlament en vez de serlo por el Gobierno. CiU se opuso a esta exigencia y el punto de confluencia con la oposición fue pactar que el director general fuera nombrado por el Gobierno, pero con el acuerdo previo del Consejo de Administración de la CCRTV, cuya composición refleja la del Parlament.

Operación truncada

El principal acuerdo del debate parlamentario fue que la reforma se llevaría a cabo mediante tres leyes. La primera, para convertir el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) en la autoridad encargada de la regulación de los medios audiovisuales. La segunda debía ser una nueva ley de la CCRTV, con el objetivo de eliminar la dependencia respecto del Gobierno y los partidos. La tercera ley debía ordenar el sector del audiovisual.

Tras muchas dificultades se alcanzó también un acuerdo sobre el nombramiento del director general de la CCRTV para el periodo previo a la reforma. La oposición aceptó al convergente Miquel Puig porque su perfil dialogante representaba una gran mejora respecto a su antecesor, Jordi Vilajoana.

El proceso legislativo comenzó pronto y en abril de 2000 se aprobó la nueva ley del CAC. Pero ahí se acabó todo. El siguiente paso, la reforma de la CCRTV, chocó con la pretensión del Gobierno catalán de mantener la facultad de nombrar al director general de la CCRTV, el nexo que le permite controlar la radio y la televisión de la Generalitat. En mayo de 2001, los grupos parlamentarios tuvieron que renunciar a elaborar el proyecto, vista la imposibilidad de torcer la voluntad del Gobierno en este crucial punto.

Pero el PSC, ERC, Iniciativa-Verds y PP insisten ahora, sin embargo, en que sigue vigente el acuerdo parlamentario de diciembre de 1999 que obliga al Gobierno a nombrar al director general de la CCRTV 'con el acuerdo de su Consejo de Administración'.