Juicio a Gil por negar información sobre el plan urbanístico
El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella ha decretado la apertura de juicio oral contra el calcalde, Jesús Gil; el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz; y el secretario municipal, Leopoldo Barrantes, por un delito de impedimento de los derechos fundamentales de la oposición.
PSOE y PP presentaron una denuncia contra el equipo de gobierno por no facilitarles información previa al pleno de 4 de diciembre de 2000, en que el GIL aprobó el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
Según explicó la portavoz municipal del PP, Francisca Caracuel...
El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella ha decretado la apertura de juicio oral contra el calcalde, Jesús Gil; el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz; y el secretario municipal, Leopoldo Barrantes, por un delito de impedimento de los derechos fundamentales de la oposición.
PSOE y PP presentaron una denuncia contra el equipo de gobierno por no facilitarles información previa al pleno de 4 de diciembre de 2000, en que el GIL aprobó el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
Según explicó la portavoz municipal del PP, Francisca Caracuel, el auto judicial reconoce que se 'impidió, perturbó y obstaculizó el ejercicio de un derecho cívico, al convocarse un pleno extraordinario y urgente para aprobar la revisión del PGOU en un plazo inferior a las 48 horas, y sin facilitar a los miembros de la oposición la documentación de los asuntos a tratar'. Añadió Caracuel que sus derechos a participar en la gestión municipal se vieron dificultados 'no sólo por la falta de información, sino por la premura de la convocatoria, en fin de semana y sin justificar la urgencia, pese a la trascendencia de su contenido'.
Lo cierto es que algunos ediles del PSOE, PP y PA ni siquiera fueron notificados por el ayuntamiento de la celebración del pleno. En la polémica sesión, Gil aprobó el texto refundido del plan urbanístico, que fue rechazado por la Comisión Provincial de Urbanismo, y recurrió la publicación por parte de la Junta de Andalucía del PGOU de 1986 en el Boletín Oficial de la Provincia. Gil declaró ante el juez hace una semana que es el secretario el que tiene obligación de dar la documentación sobre un pleno.