La Generalitat inyectará fondos en L'Aliança tras detectar graves irregularidades y 'déficit de solvencia'
El Gobierno catalán destituye a la junta de la mutua y nombra dos nuevos administradores
El Gobierno catalán anunció ayer que inyectará fondos en la mutua L'Aliança tras haberla intervenido y destituido al Consejo de Administración por presuntas irregularidades de gestión. El consejero de Economía, Francesc Homs, afirmó, tras nombrar a dos administradores, que la intervención durará 'mientras no se pueda garantizar que la mutua tiene suficiente solidez'. Homs agregó que existen 'evidencias' de que la mutua, además de haber practicado la doble facturación, 'tiene déficit de solvencia' y 'un patrimonio neto negativo', es decir, sus pérdidas la han dejado sin fondos propios.
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El Gobierno catalán anunció ayer que inyectará fondos en la mutua L'Aliança tras haberla intervenido y destituido al Consejo de Administración por presuntas irregularidades de gestión. El consejero de Economía, Francesc Homs, afirmó, tras nombrar a dos administradores, que la intervención durará 'mientras no se pueda garantizar que la mutua tiene suficiente solidez'. Homs agregó que existen 'evidencias' de que la mutua, además de haber practicado la doble facturación, 'tiene déficit de solvencia' y 'un patrimonio neto negativo', es decir, sus pérdidas la han dejado sin fondos propios.
Donde hasta ayer había indicios, ahora hay evidencias. Así se expresó Francesc Homs antes de afirmar: 'Tenemos la suficiente información para asegurar que existen evidencias comprobadas y contrastadas de que la gestión de la entidad ha sido irregular'. Estas irregularidades no sólo consistieron en facturar al Servicio Catalán de la Salud las atenciones médicas a mutualistas de L'Aliança. El Gobierno catalán asegura ahora tener constancia de que los gestores de L'Aliança, encabezados hasta ayer por Ramon Carranza, inflaron la cuenta de resultados de los años 1999, 2000 y 2001 consignando un volumen de ingresos procedentes de la Generalitat superior a la cifra establecida en el convenio, que es de 39 millones de euros anuales (6.489 millones de pesetas).
Todo ello, sumado a la obstrucción permanente de la investigación por parte del equipo de Carranza, ha colmado la paciencia del Gobierno catalán. 'A pesar de que nuestro departamento se ha dirigido a la junta de L'Aliança para solicitar información en reiteradas ocasiones, nunca se nos ha facilitado toda la documentación', afirmó Homs.
Por ello, la Generalitat se decidió por la intervención y la destitución del Consejo de Administración. 'Lo hemos hecho en cumplimiento de la legalidad vigente, la ley de mutualidades nos obligaba a ello', recordó Homs, quien no se cansaba de repetir: 'Todo se está haciendo para garantizar el futuro y la viabilidad de esta mutua y la atención a sus socios', que suman más de 200.000.
Homs y Eduard Rius, titular del Departamento de Sanidad, comparecieron juntos ante los periodistas para reforzar la imagen de 'transparencia' que aseguran que quieren dar a todo el proceso de investigación de L'Aliança.
Aunque no dejaron de apelar a esta voluntad de transparencia, los dos consejeros rehuyeron avanzar la cantidad de dinero que los gestores de L'Aliança pueden haber facturado irregularmente a la Generalitat, que en un primer momento fue cifrada en 7,2 millones de euros. 'Hasta que la investigación haya concluido no podremos decir nada más', afirmaron. Tampoco respondieron con claridad a la pregunta de por qué la Generalitat no descubrió antes las irregularidades, a pesar de estar controlando la gestión de la mutua desde 1996, cuando ésta ya sufrió una grave crisis. 'La intervención se ha producido justo después de detectar las presuntas irregularidades', afirmó Homs.
Nuevos administradores
La toma de posesión de Enric Mangas, director general de Régimen Económico de la Seguridad Social, y Miguel Argenté, director del Área de Recursos del Servicio Catalán de la Salud (SCS), como nuevos administradores provisionales de L'Aliança se produjo ayer por la mañana sin que los anteriores gestores mostraran resistencia.
La intervención de la Generalitat y el cambio de junta fueron bien recibidos, aunque con matices, tanto por los sindicatos que representan a los empleados como por los partidos de la oposición. El secretario general de los sindicatos de médicos y personal de enfermería SATSE y AMIC, Lluís Cabado, afirmó: 'L'Aliança tiene que comenzar de cero y poner un nuevo equipo gestor que nunca haya estado vinculado a la mutua. Esperamos que la justicia saque a la luz pública las anomalías que ha habido'. Pero también recordó que 'la mala gestión ha sido consentida por la Generalitat'. 'No toleraremos que estos problemas deriven en un empeoramiento de la calidad asistencial ni en la precarización del trabajo', añadió.
Los socialistas consideran 'incomprensible' la tardanza de la Generalitat en intervenir la mutua. La diputada de ICV Dolors Comas reclamó a la Generalitat que revise todos los casos en los que se haya podido producir una doble facturación como en la mutua L'Aliança.
El representante de la candidatura que resultó ganadora en las elecciones de la mutua de 1999 y que nunca llegó a ser presidente,´ Ángel Díez, definió la intervención de la Generalitat como 'la mejor solución posible para los mutualistas, trabajadores y proveedores'. Asimismo considera que esta intervenión le da la razón en sus sospechas de que L'Aliança 'está en situación de quiebra'.
El secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña, Joan Coscubiela, se felicitó por la intervención pública y el arrinconamiento del hasta ayer director general, Ramon Carranza. 'Éste es el mejor camino para garantizar la viabilidad de la mutualidad, en la que pensamos colaborar activamente', dijo.
Facturas duplicadas
Trabajadores y personas conocedoras de la mutua hacía tiempo que lo insinuaban: 'L'Aliança cobra a la Seguridad Social intervenciones realizadas a sus propios mutualistas'. Las sospechas estaban allí, sólo faltaba poner cifras a estas presuntas irregularidades. Y ayer se conocieron los primeros números oficiales. El Departamento de Sanidad encargó una investigación para saber cuántas de las facturas que le llegaban de la L'Aliança correspondían en realidad a intervenciones realizadas a sus socios. Habiendo recibido 11.000 facturaciones, se enviaron 4.000 cartas para averiguar si se trataba de personas que habían sido atendidas como mutualistas o a cargo del Servicio Catalán de la Salud (SCS). Se recibieron 1.000 respuestas y el 90% de ellas eran de personas que fueron a L'Aliança como mutualistas y sin embargo, la atención que recibieron se facturó al SCS. ¿Es habitual esta práctica? ¿Desde cuándo ? ¿Por qué no se había descubierto antes? Al menos se había tolerado durante un tiempo. El consejero de Economía, Francesc Homs, admitió ayer que desde 1998, cuando la Generalitat elaboró un plan para salvar L'Aliança, 'ha habido un exceso de voluntad de ayudar a preservar la institución'. Según el informe interno que desató las sospechas, los ingresos irregulares de L'Aliança podrían llegar a 7,2 millones de euros, aunque el consejero de Sanidad, Eduard Rius, afirma que 'todavía no se puede apuntar esta cifra como cierta'. Durante el último mes la Generalitat ha intentado, sin éxito, tener una lista completa de todos los mutualistas. Una vez intervenida, tanto Economía como Sanidad amenazan con llevar ante los tribunales al antiguo equipo gestor, que ayer se mantenía en silencio.