La Junta aprueba el proyecto de Ley del Suelo con cinco años de retraso

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el proyecto de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, también conocida como Ley del Suelo, tras cinco años de debate y elaboración de documentos.

En este periodo, se ha mantenido una ley puente con la que el Parlamento andaluz salvó las exigencias de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997, que derogó varios artículos de un decreto estatal por considerar que invadían competencias autonómicas. La ley puente estaba prevista para un año, el tiempo que el entonces consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, esti...

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el proyecto de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, también conocida como Ley del Suelo, tras cinco años de debate y elaboración de documentos.

En este periodo, se ha mantenido una ley puente con la que el Parlamento andaluz salvó las exigencias de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997, que derogó varios artículos de un decreto estatal por considerar que invadían competencias autonómicas. La ley puente estaba prevista para un año, el tiempo que el entonces consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, estimaba necesario para aprobar un proyecto que se ha retrasado finalmente cinco más.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, quien ya presentó un anteproyecto de ley en mayo, recordó que el texto ha sido respaldado por el CES y por la FAMP. Gutiérrez indicó que, a petición de los municipios, se había rebajado el carácter vinculante de las normativas directoras para la ordenación urbanística (una especie de manuales de buena conducta) al de recomendaciones. El texto, que aclara las competencias municipales y autonómica, mantiene las novedades ya anunciadas: la acción de agentes privados para poner en mercado suelo, solares y edificios por inactividad de sus propietarios, los patrimonios públicos de suelo, la cesión del 10% de suelo urbanizado a los Ayuntamientos o la potestad de la Junta de intervenir en obras sin licencia en supuestos muy graves si no lo hace el gobierno local.