El Ejecutivo ve 'lógico' el fallo y el PSOE teme que 'reste firmeza' a los acuerdos con los sindicatos
Mariano Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno -y, en 1996, el ministro de Administraciones Públicas que comunicó a los sindicatos la decisión del Ejecutivo de congelar el sueldo de los funcionarios e incumplir, 'por interés general', un pacto de 1994-, calificó ayer de 'lógica', 'de sentido común' y 'razonable' la decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia de la Audiencia Nacional que, a su vez, anulaba la congelación salarial de 1997.
Rajoy aseguró que 'se puede discutir lo que hace el Gobierno, pero a la hora de fijar los sueldos de los funcionarios no se puede discutir...
Mariano Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno -y, en 1996, el ministro de Administraciones Públicas que comunicó a los sindicatos la decisión del Ejecutivo de congelar el sueldo de los funcionarios e incumplir, 'por interés general', un pacto de 1994-, calificó ayer de 'lógica', 'de sentido común' y 'razonable' la decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia de la Audiencia Nacional que, a su vez, anulaba la congelación salarial de 1997.
Rajoy aseguró que 'se puede discutir lo que hace el Gobierno, pero a la hora de fijar los sueldos de los funcionarios no se puede discutir que tenga capacidad para hacerlo el propio Parlamento, que es quien los fijó'. El actual ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, se congratuló del fallo del Supremo, pero pidió a los sindicatos que no lleven adelante su amenaza de movilizaciones y subrayó su 'voluntad de diálogo permanente' con las centrales, que tiene como ejemplo la subida salarial pactada para este año. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también se felicitó por la decisión del alto tribunal.
Desde el PSOE, en cambio, su portavoz en la Comisión de Administraciones Públicas, Ángel Martínez Sanjuán, alertó de que el fallo del Supremo 'abre un espacio de duda acerca de la eficacia de los acuerdos que se negocian entre el Gobierno y las organizaciones sindicales'. Para este diputado socialista, la decisión del Supremo no sólo afecta a que se deban o no pagar los atrasos 'sino a la firmeza de los acuerdos de una negociación colectiva' firmada por el Gobierno y los sindicatos, 'aunque, como en este caso, tengan que ser cumplidos por otro Ejecutivo distinto al que adquirió el compromiso'. La clave, para el PSOE, es cómo queda tras el fallo del Supremo 'algo tan serio como la firmeza que tienen los acuerdos entre las partes de la negociación colectiva cuando una de las partes es el Gobierno de España'.