El juzgado archiva la causa abierta contra CAF por presunto delito ecológico

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tolosa ha archivado de manera provisional la causa abierta contra el director de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) de Beasain, Andrés Arizcorreta, el alcalde de esta localidad, Jon Jauregi (PNV), y el director de Calidad Ambiental del Gobierno vasco, Tomás Epalza, por un presunto delito ecológico causado por la emisión de humos contaminantes desde la fundición de la fábrica durante varios años. La decisión judicial se hace eco de la propuesta de la Fiscalía de Guipúzcoa, que solicitó el sobreseimiento provisional del procedimiento...

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tolosa ha archivado de manera provisional la causa abierta contra el director de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) de Beasain, Andrés Arizcorreta, el alcalde de esta localidad, Jon Jauregi (PNV), y el director de Calidad Ambiental del Gobierno vasco, Tomás Epalza, por un presunto delito ecológico causado por la emisión de humos contaminantes desde la fundición de la fábrica durante varios años. La decisión judicial se hace eco de la propuesta de la Fiscalía de Guipúzcoa, que solicitó el sobreseimiento provisional del procedimiento, lo que permite reabrir las actuaciones en un futuro si se descubre que los humos dañaron la flora, la fauna o la salud de las personas. Las defensas de los inculpados, que pueden recurrir el auto, pidieron, sin embargo, el archivo definitivo.

La Fiscalía abrió la investigación sobre CAF en abril de 1999. El servicio medioambiental de la Guardia Civil concluyó en julio de 2000 que los gases emitidos por el horno eléctrico presentaban concentraciones de plomo, cobre, níquel y cinc superiores a lo permitido. En agosto, varios años después de haberla prometido, la empresa puso en marcha una depuradora en el horno, usado para fabricar acero, que redujo la contaminación. Pero el Ministerio Público continuó con sus diligencias y en abril de 2001 presentó una querella contra Arizcorreta, Jauregi y Epalza, a los que responsabilizó de haber tolerado las emisiones contaminantes durante años, a pesar de la normativa vigente.

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