Oposición a que se levanten 9 torres de 18 pisos en el corazón de Poblenou

Los vecinos de Poblenou no quieren torres junto a su rambla. Las entidades vecinales se oponen al plan especial del eje de la calle de Llacuna, que prevé construir nueve edificios de 18 plantas en el corazón mismo del barrio y a menos de cien metros de distancia de la Rambla de Poblenou. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Barcelona, se enmarca en el distrito 22@ y ha sembrado una gran inquietud porque las torres proyectadas tienen sólo una planta menos que las de la calle de Tarragona.

Las entidades rechazan de plano que en una de las principales zonas del núcleo histórico de...

Los vecinos de Poblenou no quieren torres junto a su rambla. Las entidades vecinales se oponen al plan especial del eje de la calle de Llacuna, que prevé construir nueve edificios de 18 plantas en el corazón mismo del barrio y a menos de cien metros de distancia de la Rambla de Poblenou. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Barcelona, se enmarca en el distrito 22@ y ha sembrado una gran inquietud porque las torres proyectadas tienen sólo una planta menos que las de la calle de Tarragona.

Las entidades rechazan de plano que en una de las principales zonas del núcleo histórico del barrio se levanten inmuebles de tanta altura como las torres de la calle de Tarragona, que tienen 19 plantas, no sólo por el impacto visual que supondrían respecto a la tipología de la zona, sino porque consideran que eso desvirtuaría los criterios de coexistencia de usos que tradicionalmente han caracterizado al barrio de Poblenou.

El gerente del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramon García Bragado quita hierro a la altura de los inmuebles: 'En ningún caso pueden catalogarse como rascacielos', afirma. Y pone el acento en que el plan permitirá ganar 18.000 metros cuadrados para zonas verdes y 17.000 para equipamientos.

A la preocupación que el plan ha despertado en las entidades vecinales se une el descontento reinante entre las 63 familias afectadas, algunas de las cuales desconocían pocos días antes de la aprobación inicial del plan, en diciembre del 2001, que sus viviendas iban a ser derribadas. El Ayuntamiento se muestra categórico al afirmar que todas estas familias serán realojadas en la zona. El 70% de las viviendas afectadas son de alquiler y el 41% tienen menos de 55 metros cuadrados, según los datos municipales.

García Bragado hace una encendida defensa del proyecto, para el que eligieron un magnífico equipo de arquitectos liderado por Eduard Bru, hasta hace pocos meses director de la Escuela Superior de Arquitectura. Destaca la apertura de la calle de Llacuna, que dará continuidad a la trama urbana, e insiste en que el gobierno local apuesta por la mezcla de usos pese a que admite que el 90% del techo que genere esta actuación se dedicará a la actividad económica. El gerente de Urbanismo relativiza el impacto de los edificios de 18 plantas porque se colocarán en posición retranqueada y argumenta que gracias a ellos se podrá liberar espacio para zonas verdes y equipamientos. 'Respeto el derecho de los vecinos a opinar, pero ellos deben respetar el nuestro a planificar la ciudad desde una visión determinada que favorece al interés general', apostilló el gerente.

Una parte del suelo de esta operación pertenece al Consorcio de la Zona Franca, un organismo de carácter público dependiente del Gobierno central. El nerviosismo entre los residentes en el área afectada por el plan se disparó el enterarse, según explica el presidente de la asociación, Salvador Clarós, que el Consorcio de la Zona Franca ponía a la venta sus terrenos. Eso ocurría pocos días antes de consumarse la aprobación del plan.

Fuentes del consorcio reconocieron ayer a este diario que el solar de su propiedad, de 7.782 metros cuadrados, está en venta.Las mismas fuentes indican que están negociando con el posible comprador pero que la operación aún no se ha cerrado. Este terreno está situado en la calle de Llacuna, entre Pallars y Pujades, ocupa más de media manzana y actualmente se utiliza como aparcamiento. El consorcio justifica la venta argumentando que ha dejado de interesarles porque es demasiado pequeño para la envergadura de las actuaciones que realiza últimamente.

Exposición pública

El hecho de que entre los propietarios del suelo afectado se encuentre un organismo público como es el Consorcio de la Zona Franca, que preside el dirigente del Partido Popular Enrique Lacalle, había abierto ciertas esperanzas entre los vecinos para alcanzar algún tipo de acuerdo.

La asociación de vecinos se ha dirigido al primer teniente de alcalde de Urbanismo, Xavier Casas, pidiéndole que amplíe los plazos de exposición pública de los planes especiales @ para que los vecinos puedan participar en la tramitación.

La entidad solicita asimismo al Ayuntamiento que modifique este proyecto, que califica de 'aberración', y lo sustituya por otro más coherente y respetuoso con la trama urbana diseñada por Ildefons Cerdà. Lo único en que por ahora ambas partes están de acuerdo es que aún se está a tiempo de dialogar.