El alzamiento del velo

LA AUDIENCIA DE MADRID ha dictado penas de prisión por malversación de caudales públicos contra cinco altos cargos del Ministerio del Interior nombrados en su día por el Gobierno de Felipe González: Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad (7 años); Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado (4 años); Rodríguez Colorado, ex director de la Policía (6 años); Ignacio López, ex gobernador civil de Vizcaya (10 meses), y Francisco Álvarez, ex director del Gabinete de Información (11 meses). Además de otras penas de inhabilitación absoluta, la sentencia impone a los con...

LA AUDIENCIA DE MADRID ha dictado penas de prisión por malversación de caudales públicos contra cinco altos cargos del Ministerio del Interior nombrados en su día por el Gobierno de Felipe González: Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad (7 años); Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado (4 años); Rodríguez Colorado, ex director de la Policía (6 años); Ignacio López, ex gobernador civil de Vizcaya (10 meses), y Francisco Álvarez, ex director del Gabinete de Información (11 meses). Además de otras penas de inhabilitación absoluta, la sentencia impone a los condenados la obligación de devolver a la Administración las cantidades sustraídas (la suma probada asciende a unos 800 millones de pesetas); el decomiso de las fincas de Torrelodones y Albacete atribuidas a Vera será aplicado al pago de esas responsabilidades civiles.

La Audiencia de Madrid condena a cinco altos cargos del Ministerio del Interior de la etapa socialista por malversación de caudales públicos y absuelve a los ex ministros Barrionuevo y Corcuera

La sentencia absuelve a Barrionuevo y Corcuera, ex ministros del Interior, y rechaza la petición de deducir testimonio incriminatorio contra González por su deposición en la vista oral; los magistrados censuran la 'sorprendente audacia' de la acción popular al 'pretender instrumentalizar' a los tribunales para que 'asuman una acusación sobre no se sabe qué y por qué'. La obscena satisfacción de algunos políticos y periodistas ante la condena de los cinco ex altos cargos de Interior es acompañada por el irritado desencanto de estos sañudos inquisidores -angélicamente disfrazados de puritanos justicieros- con la parte exculpatoria del fallo: el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, confesó su sensación agridulce por un veredicto que no había llenado hasta los topes la carreta de la guillotina. Aunque Barrionuevo y Corcuera tuvieron durante la vista oral -con sus destempladas y sarcásticas respuestas al representante del ministerio público- un comportamiento impropio de dos ex ministros de un Estado democrático de derecho, la sentencia no considera probado que se enriqueciesen personalmente con los fondos reservados ni que consintieran a los cinco altos cargos condenados su utilización para ese fin ilícito.

Corcuera es absuelto igualmente del delito de malversación de caudales públicos por sus regalos navideños de joyas. Resulta paradójico que el cirineo del ex ministro socialista sea su denunciante: el ministro del PP Federico Trillo testificó ('con la precisión de gran jurista que le caracteriza', aclara tal vez con sorna la sentencia) que los ministros y presidentes de las Cámaras utilizan los fondos presupuestarios -reservados o no- para obsequiar a otros políticos, costumbre que Heidenheimer calificaría de corrupción blanca.

Si bien quienes están incluidos en la condena son culpables de malversación, no corresponde a los jueces determinar si todos los posibles beneficiados ilícitamente por los fondos reservados han sido castigados. Las reticencias de la sentencia sobre la eventual responsabilidad de los ex ministros absueltos ('sospechas hay, posibilidad hay, pero certeza no hay') o sobre la posible participación de otros altos cargos en la piñata ('las sospechas sobre algunos de ellos a los que el tribunal no citará porque no han sido enjuiciados existen y persisten') no pueden sino alimentar la proclividad de políticos y periodistas a presionar a los tribunales para que se conviertan en restaurantes judiciales dispuestos a servir a esos hambrientos clientes sentencias a la carta.

La Audiencia ha llevado a cabo una minuciosa, esmerada y convincente reconstrucción de los caminos recorridos por los conjurados para repartirse el botín. Vera y Sancristóbal no sólo desviaron en su propio beneficio gastos reservados que estaban destinados exclusivamente a la defensa y seguridad del Estado: además hicieron partícipes del saqueo a los otros tres condenados y a Roldán (juzgado con anterioridad). Finalmente, la sentencia levanta el velo de las operaciones ficticias inventadas por Vera (que empleó a su suegro como testaferro de sus fincas) y por Colorado (a través de un amigo ya fallecido) para ocultar su patrimonio.