Urbanismo pagará la fianza a sus técnicos imputados por el 'caso Bazar España'
Cada uno de los cuatro funcionarios debe depositar 250 millones
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla hará frente a los 1.000 millones de pesetas que suman las fianzas que impone el auto de apertura de juicio oral del caso Bazar España a los cuatro funcionarios municipales imputados por aquel trágico suceso. Así lo confirmó ayer Paola Vivancos, la portavoz del grupo municipal del Partido Andalucista, al que pertenecía el delegado de Urbanismo en diciembre de 1998, Mariano Pérez de Ayala, cuando la caída de un muro del antiguo comercio el último día del año sepultó y mató a cinco personas que esperaban el autobús.
Los cuatro funcionari...
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla hará frente a los 1.000 millones de pesetas que suman las fianzas que impone el auto de apertura de juicio oral del caso Bazar España a los cuatro funcionarios municipales imputados por aquel trágico suceso. Así lo confirmó ayer Paola Vivancos, la portavoz del grupo municipal del Partido Andalucista, al que pertenecía el delegado de Urbanismo en diciembre de 1998, Mariano Pérez de Ayala, cuando la caída de un muro del antiguo comercio el último día del año sepultó y mató a cinco personas que esperaban el autobús.
Los cuatro funcionarios de la Gerencia de Urbanismo imputados en el caso Bazar España por delitos de homicidio por imprudencia grave son el jefe de licencias y disciplina de la Gerencia, Juan García Gil, los técnicos de dicho departamento Juan Mauduit Morón y Francisco López Larrañaga, y el técnico de Conservación Josè David Muñoz.
En el juicio oral, cuya apertura dictó el miércoles la titular del Juzgado número 8 de Sevilla, Rocío Pérez Puig, comparecerán como imputados por los mismos delitos el director facultativo de la obra y autor del proyecto de demolición, el arquitecto Luis Recuenco Aguado, y los aparejadores Antonio Camero y Dionisio García. Los tres elaboraron el proyecto para Inmobiliaria Osuna.
Los siete imputados deberán depositar la fianza de 250 millones cada uno (1,5 millones de euros) en un plazo de 24 horas a partir de que les sea notificado el auto, para lo que están convocados entre el martes y el miércoles próximos.
Paola Vivancos, la portavoz municipal del PA, cuya formación sigue controlando la Gerencia de Urbanismo, dijo ayer que la apertura de juicio oral no le parece 'ni bien ni mal' ya que es 'sólo un paso más en el procedimiento judicial abierto' y remarcó que 'todavía no existe sentencia firme'. La concejal andalucista anunció también que, al igual que la fianza, la asistencia jurídica a los funcionarios durante el juicio correrá por cuenta de la Gerencia de Urbanismo. La portavoz municipal socialista, Evangelina Naranjo, deseó ayer a los funcionarios imputados 'lo mejor'.
El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Jaime Raynaud, cuya formación gobernaba en coalición con el PA cuando ocurrió el trágico suceso, dijo que su partido respeta la decisión judicial y confió en que 'en el transcurso de la vista oral se pueda exponer, por todas las partes, las argumentaciones técnicas que permitan claramente determinar si ha habido responsabilidad o no'.
Inmobiliaria Osuna
Francisco Baena Bocanegra, representante legal de Inmobiliaria Osuna, compañía a la que el auto señala como posible responsable civil subsidiaria junto con el Ayuntamiento, recordó ayer que el auto 'no prejuzga' una condena y adelantó que los acusados mantendrán en la vista oral su petición de absolución.
Por su parte, la Fiscalía de Sevilla no considera que haya argumentos nuevos y mantendrá su postura de que se trata de un caso de imprudencia y, por lo tanto, tan sólo una falta y no un delito. El fiscal ya reestudió el caso cuando éste llegó vía recurso a la Audiencia Provincial y tampoco entonces vio indicios de delito.