Trabajo exige la devolución de los subsidios a 1.100 jornaleros de Málaga que cobraron peonadas falsas
Izquierda Unida solicita una 'solución política' para que se anulen las resoluciones
Un total de 1.127 jornaleros de la comarca malagueña de la Axarquía tendrán que devolver los subsidios del PER que cobraron con peonadas falsas hace casi 10 años. La Inspección de Trabajo ha comenzado a reclamarles por vía administrativa la restitución de las cantidades indebidamente percibidas -que oscilan entre 600.000 y 1.800.000 pesetas- tras ser firme la sentencia que condenó al ex alcalde Moclinejo, Enrique Muñoz (CDS), por firmarles peonadas ficticias. IU pide una 'solución política' al Gobierno central y la intervención del Defensor del Pueblo español.
Las actas de infracción le...
Un total de 1.127 jornaleros de la comarca malagueña de la Axarquía tendrán que devolver los subsidios del PER que cobraron con peonadas falsas hace casi 10 años. La Inspección de Trabajo ha comenzado a reclamarles por vía administrativa la restitución de las cantidades indebidamente percibidas -que oscilan entre 600.000 y 1.800.000 pesetas- tras ser firme la sentencia que condenó al ex alcalde Moclinejo, Enrique Muñoz (CDS), por firmarles peonadas ficticias. IU pide una 'solución política' al Gobierno central y la intervención del Defensor del Pueblo español.
Las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo de Málaga empezaron a llegar a los jornaleros hace unas dos semanas. Además de la devolución de las cantidades 'percibidas indebidamente' se les comunica la extinción de la prestación por desempleo.
La Inspección argumenta que tras la sentencia del Tribunal Supremo que el 20 de junio pasado condenó al ex alcalde por un delito continuado de defraudación de ayudas públicas 'se llega a la conclusión de que ha existido simulación de la relación laboral entre los 1.127 trabajadores afectados y el empresario Enrique Muñoz, con el fin de acceder fraudulentamente al subsidio por desempleo'. Además, añade que los jornaleros incurrieron en una infracción al actuar 'en connivencia con el empresario en la obtención indebida de prestaciones por desempleo'. Contra la decisión cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Trabajo.
Sin embargo, Izquierda Unida reclamó ayer una 'solución política' para estos trabajadores, pidió la mediación de la Subdelegación del Gobierno a fin de que se anulen las actas de infracción, anunció una proposición no de ley ante el Congreso en ese sentido y solicitó que el Defensor del Pueblo ampare a los afectados. 'El dinero no lo cobraron para chalés o coches de lujo, como en Gescartera, sino para vivir. Después del caso Gescartera o del fraude del lino, es sorprendente que estos trabajadores se vean en esta situación', criticó el diputado de IU José Luis Centella.
La formación consideró el asunto como una 'situación de emergencia' ya que afecta a jornaleros de una decena de municipios de la zona oriental. En total, los trabajadores deberían restituir seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) cobrados entre 1992 y 1993.
'Víctimas'
Entonces eran necesarias 65 peonadas para percibir en subsidio. Ahora, la Aepsa -el nuevo PER- sólo exige 35. Para IU, los trabajadores 'son víctimas de una ley injusta' que requería un mínimo de jornales. El alcalde de El Borge, José Antonio Ponce, uno de los municipios afectados, intentó reforzar este argumento y recordó que el Gobierno ha reconocido que en algunas comarcas no se podían reunir las peonadas para acceder al PER.
Desde IU se apuntó que la resolución de la Inspección también supondría la retirada de la cartilla de la Seguridad Social y la pérdida de otros derechos, como el subsidio para mayores de 52 años. Para la formación, el problema no es sólo que las familias no tienen con qué devolver las cantidades reclamadas, sino que el cumplimiento de la resolución supondría seis millones de euros menos para una comarca, que ostenta uno de los índices más bajo de renta de toda España. 'Son personas muy pobres que quedarían en la ruina', sintetizó el alcalde borgeño, quien afirmó que decisiones como las de la Inspección contribuirán más a la despoblación del interior donde 'el 90% de las familias depende del subsidio agrario'.
Los representantes de Izquierda Unida aseguraron que en otras comarcas se han anulado actas similares. Por eso, pidió la intervención del Defensor del Pueblo español para que se dé un 'trato igualitario' en todos los casos. La Subdelegación del Gobierno eludió pronunciarse sobre la petición de IU de que se anulen las actas de infracción y recordó que los jornaleros tienen la posibilidad del recurso de alzada.