El fiscal teme la fuga de los directivos de la FARA excarcelados
La Fiscalía de Málaga se opuso a la puesta en libertad del presidente de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA), Vicente Rodríguez Arribas, ante el riesgo de que destruya documentación que pudiera servir de prueba contra él, y ante la posibilidad de que emprenda la fuga y no pueda ser juzgado.
Tras la petición de libertad presentada por el abogado de Rodríguez Arribas, conocido como El Querillo, y jefe del clan gitano de Los Charros, el fiscal efectuó un informe contrario a la salida de prisión del principal imputado en el caso FARA, según inform...
La Fiscalía de Málaga se opuso a la puesta en libertad del presidente de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA), Vicente Rodríguez Arribas, ante el riesgo de que destruya documentación que pudiera servir de prueba contra él, y ante la posibilidad de que emprenda la fuga y no pueda ser juzgado.
Tras la petición de libertad presentada por el abogado de Rodríguez Arribas, conocido como El Querillo, y jefe del clan gitano de Los Charros, el fiscal efectuó un informe contrario a la salida de prisión del principal imputado en el caso FARA, según informaron fuentes judiciales.
En el informe del fiscal exponía además la necesidad de que Rodríguez Arribas permaneciera en prisión debido a la gravedad de los hechos investigados, relativos al presunto desvío de cientos de millones de pesetas de ayudas públicas al patrimonio personal de los dirigentes de la federación, así como al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
La Fiscalía sostenía además que la naturaleza de estos delitos y el poco tiempo que El Querillo llevaba en prisión, donde ingresó por orden judicial el 9 de noviembre pasado, hacían más consecuente mantener la medida cautelar de prisión incondicional contra el responsable de Los Charros.
A pesar de la expresa oposición del Ministerio Fiscal, el juez dictó un auto por el que modificaba la prisión incondicional dictada en un principio contra El Querillo y los otros dos detenidos que aún permanecían en prisión -el secretario de la FARA, Salvador P.A., y el asesor fiscal, Valeriano G.G.-, concediéndoles la libertad a cambio de diferentes fianzas.
El presidente de la FARA, que abandonó la prisión poco antes de la medianoche del día 31, tras pagar una fianza de tres millones de pesetas, afirmó a su salida que nada de lo que hizo lo realizó 'en oculto', y que sus actividades eran públicas y sobradamente conocidas por los responsables de las administraciones públicas y de los partidos políticos. Añadió que durante el tiempo que ha permanecido en prisión 'no se han dicho más que infamias y mentiras' contra él.