El presidente y dos directivos de FARA imputados por desvío de fondos, en libertad bajo fianza
El juez deja salir a los supuestos implicados, que estaban en prisión preventiva desde noviembre
El presidente de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA), Vicente Rodríguez Arribas, imputado por supuesto desvío de fondos públicos y blanqueo de dinero, abandonó la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) en la noche del lunes tras depositar una fianza de tres millones de pesetas impuesta por el juez que instruye el caso FARA. Junto a él dejaron el recinto penitenciario otros dos dirigentes de la asociación encarcelados por el mismo motivo: el secretario, Salvador P. A., y el asesor fiscal, Valeriano G. G., para los que el magistrado decretó también la libertad bajo...
El presidente de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA), Vicente Rodríguez Arribas, imputado por supuesto desvío de fondos públicos y blanqueo de dinero, abandonó la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) en la noche del lunes tras depositar una fianza de tres millones de pesetas impuesta por el juez que instruye el caso FARA. Junto a él dejaron el recinto penitenciario otros dos dirigentes de la asociación encarcelados por el mismo motivo: el secretario, Salvador P. A., y el asesor fiscal, Valeriano G. G., para los que el magistrado decretó también la libertad bajo fianza.
Los tres imputados abandonaron la cárcel pasadas las 22.30, tras abonar una fianza de tres millones de pesetas. En la puerta de la prisión les esperaba un nutrido grupo de familiares y amigos, que fueron llegando desde primera hora de la tarde. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, Pedro Molero, que investiga el caso, había ordenado su ingreso en prisión el pasado 9 de noviembre, después de tomarles declaración durante 18 horas.
Rodríguez Arribas negó ayer tajantemente la existencia de irregularidades contables en la FARA y aseguró que en los próximos días ofrecerá su versión de los hechos. También negó que se hubiera amenazado o coaccionado a nadie y lamentó la decisión de la Junta de Andalucía de paralizar las subvenciones a la asociación. 'Nos están haciendo mucho daño', dijo.
Pero estos tres dirigentes no son las únicas personas del entorno de la federación imputadas en la investigación que intenta esclarecer si la ONG ha sido utilizada como tapadera para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y donde se trata de aclarar también el presunto desvío de 300 millones de pesetas de ayudas públicas a cuentas particulares. En total se han producido 21 detenciones. Entre los arrestados figuran responsables de asociaciones gitanas, familiares de éstos, un funcionario de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, otro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, un jefe de Renfe y dos empleados de banca.
Además del presidente, el secretario y el tesorero de la FARA, también se encuentran en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas el presidente de la Asociación pro Derechos de los Gitanos (Prodegi), José Maldonado; el responsable de programas de ONG de la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Luis Payo, a quien se acusa de alertar a los responsables de la FARA de que estaban siendo investigados, y tres empleados de la federación. A los restantes imputados no se les ha exigido fianza, aunque están en libertad con cargos.
Dos años de pesquisas
Aunque las primeras detenciones se produjeron el pasado 6 de noviembre, la investigación comenzó hace dos años. Las escuchas telefónicas y los seguimientos policiales ordenados por el juez han llevado a los investigadores a sospechar de la existencia de una trama mafiosa que incluiría desde sospechosas operaciones económicas, como la compra de fincas, coches de lujo y acciones de bolsa con dinero de las subvenciones, hasta amenazas y coacciones a funcionarios y políticos para forzar que la FARA se convirtiese en la única ONG receptora de fondos sociales destinados al colectivo gitano.
Así, un informe remitido al juez Molero por la policía judicial el pasado verano relataba cómo 60 millones de pesetas concedidos a la federación para programas de formación habían terminado invirtiéndose en letras del tesoro y en la compra de una finca de olivos en la provincia de Sevilla, que fue inscrita a nombre de una de las imputadas en la causa. El citado informe subrayaba la 'absoluta falta de control y seguimiento' de las ayudas públicas por parte de las administraciones -en este caso, la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-, que 'en ningún momento detectaron el uso irregular del dinero'.
En el sumario, que permaneció en secreto hasta primeros de diciembre pasado, se recogen otras irregularidades, que van desde componendas para justificar subvenciones para cursos de formación que nunca se celebraron hasta desvíos de fondos para pagar un conjunto musical en una boda. También se recoge una conversación entre el consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, y dos inspectores de policía, que tuvo lugar el pasado verano y en la que Saldaña comentaba que tanto él como el funcionario de la Junta imputado en el caso habían recibido 'presiones y amenazas' de los responsables de la FARA ahora imputados en el caso desde su llegada a la dirección de la asociación en 1998.