Nuevas y viejas funciones del Estado
El PP pretende abordar en su congreso las Nuevas Funciones del Estado, lo que se agradece dada su insistencia en adelgazar lo público. En todo caso lo que debe preocuparnos no son las nuevas funciones del Estado sino las viejas, aquellas que son su razón de ser y de las que ni puede ni debe desembarazarse. Me refiero por supuesto a la defensa, la representación exterior, la seguridad interior y la justicia. Pues de tanto mirar a las nuevas funciones, y de tanto discutir quién debe encargarse de su gestión, corremos el riesgo de que, a la hora de privatizar tareas, privaticemos las que son, por...
El PP pretende abordar en su congreso las Nuevas Funciones del Estado, lo que se agradece dada su insistencia en adelgazar lo público. En todo caso lo que debe preocuparnos no son las nuevas funciones del Estado sino las viejas, aquellas que son su razón de ser y de las que ni puede ni debe desembarazarse. Me refiero por supuesto a la defensa, la representación exterior, la seguridad interior y la justicia. Pues de tanto mirar a las nuevas funciones, y de tanto discutir quién debe encargarse de su gestión, corremos el riesgo de que, a la hora de privatizar tareas, privaticemos las que son, por esencia, públicas e indelegables.
Analicemos telegráficamente esas funciones. La defensa no se ha privatizado por el momento (aunque no faltan proyectos), pero dado el interés que suscita, podría hacerse sin mayor escándalo. Con un 1,34% del PIB en defensa tenemos el presupuesto más bajo de los doce países de la OTAN, cuya media es del 2,18%. E incluso eso parece excesivo a muchos. La cultura de defensa de los españoles responde al modelo nítido del 'pensamiento impecable': no asumo mis responsabilidades en la certeza de que alguien, que sí puede hacerlo (y ese alguien es siempre Estados Unidos), lo hará por mí, y eso me permite salvar mi alma piadosa e incluso criticar a los americanos por su unilateralismo. Nótese que no es sólo una postura personal sino una directriz política de algunos partidos (como IU, CiU o el PNV) que hacen de la teoría del gorrón una filosofía política. Es como si creyéramos de verdad que con la caída en 1989 del Imperio del Mal hubiera desaparecido el mal de la Tierra y ya no hace falta policía en las ciudades ni en las relaciones internacionales. Y luego nos quejamos de la poca credibilidad de la política exterior de la Unión.
Vayamos a la representación exterior. Había 444 diplomáticos activos en 1960 y subieron a 653 en 1980. Veinte años más tarde, y a pesar del notable incremento de tareas, son prácticamente los mismos, 680. Y el presupuesto no sólo no ha aumentado, ha decrecido: 0,48% del PIB en 1991, 0,46% en 2000. El hiato entre necesidades y recursos se agranda por días y el servicio exterior tiene que hacer frente, por ejemplo, a la Presidencia española de la UE con recursos mínimos. Ahora mismo el equipo que negocia Gibraltar con los británicos es 1/6 o menos del equipo británico.
Sigamos con la seguridad interior. Según datos del Instituto de Estudios de Seguridad Pública la delincuencia registrada creció más de un 10% hasta finales de mayo pasado y el Programa Policía 2000 no ha dado los resultados esperados. Entre 1995 y 1999 la criminalidad en Europa (los 15 de la UE) creció apenas un 1%, pero en España creció un 12% (en Irlanda decreció un 21%) y la criminalidad violenta creció un espectacular 23%. No es de extrañar que la seguridad sea desde hace décadas una de las principales preocupaciones de los españoles. Y aquí sí que la privatización es un hecho escandaloso alentado por el PP. Los pobres tienen poca y mala seguridad pública; los ricos la tienen privada y buena. ¿Es esta desigualdad más o menos injusta que el acceso a la Universidad, por citar un tema de actualidad?
¿Y qué decir de la justicia? Simplemente, que no nos la merecemos. Según datos de 2000 de José Juan Toharia, el 82% de los españoles la consideran tan lenta que es mejor evitarla; el 70% aseguran que protege más a los delincuentes que a las víctimas; y el 78% creen que perjudica sobre todo a los más débiles e indefensos. No es poco. España ha cambiado radicalmente en los últimos veinte años; no así la justicia. Es tan fácil hacer demagogia con las insensatas sentencias que leemos a diario que me resistiré a ello, pero que delincuentes convictos y confesos pasen en ocasiones más de 100 veces por las comisarias sin ser procesados es un escándalo. Y una injusticia para los pobres pues los ricos, evidentemente, huyen de los tribunales, han privatizado su justicia y se han refugiado en tribunales arbitrales privados.
Por favor, dejemos de innovar y volvamos a lo esencial. No se es más justo con los débiles si aumentamos el Estado social y nos olvidamos del Estado a secas. Lo que el Estado español necesita es cumplir sus tareas. Las de toda la vida. Pero bien.