Cien juristas españoles critican la limitación de las libertades
El Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por más de cien juristas progresistas españoles -en su mayoría catedráticos y profesores de Derecho Penal, seguidos por jueces y fiscales-, ha manifestado su 'rechazo y honda preocupación ante los diversos proyectos de supresión o limitación de derechos fundamentales y libertades públicas que, con la finalidad de luchar contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre, se presentan desde EE UU y algunos países europeos, incluyendo propuestas como la intervención indiscriminada de las comunicaciones, la supresión del secreto...
El Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por más de cien juristas progresistas españoles -en su mayoría catedráticos y profesores de Derecho Penal, seguidos por jueces y fiscales-, ha manifestado su 'rechazo y honda preocupación ante los diversos proyectos de supresión o limitación de derechos fundamentales y libertades públicas que, con la finalidad de luchar contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre, se presentan desde EE UU y algunos países europeos, incluyendo propuestas como la intervención indiscriminada de las comunicaciones, la supresión del secreto profesional de los abogados, la detención indefinida o la sumisión de extranjeros a juicios en tribunales militares'.
En la reunión, celebrada hace dos fines de semana en A Coruña, en la que participaron, entre otros juristas, los catedráticos de Derecho Penal Mercedes García Arán, Carlos Martínez Buján, Juan Terradillos, Susana Huerta y José María Tamarit, se acordó difundir el rechazo a tales limitaciones de los derechos humanos, 'porque son medidas que, de aprobarse, supondrían un gravísimo retroceso en conquistas de la humanidad reconocidas por textos y acuerdos internacionales'.
Los juristas del grupo mencionado razonan que las medidas propuestas 'suponen la evidente contradicción de destruir unos valores y principios que, al mismo tiempo, se presentan como los propios de una civilización que se dice proteger'. Igualmente estiman que ' todos Gobiernos europeos deben evitar el seguidismo de las políticas restrictivas de EE UU y ser capaces de defender los principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por último, el Grupo de Estudios de Política Criminal manifiesta que 'estas políticas autoritarias contrarias a los derechos civiles obligan a reivindicar, una vez más, la consolidación de una justicia penal internacional, defensora de los derechos tanto de las víctimas como de los acusados. Precisamente, entre los estudios de este grupo de expertos figura uno en favor del Tribunal Penal Internacional.