Urbanismo da luz verde a la edificación de cuatro torres en la Ciudad Deportiva

La Comunidad consultó a dos catedráticos antes de tomar la decisión

Cuatro torres de 45 plantas sustituirán definitivamente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en el paseo de la Castellana. La Comisión de Urbanismo autorizó este proyecto en los términos que pedían Ayuntamiento y Real Madrid. Un primer informe de la comisión, redactado en octubre, obligaba a los promotores a ceder 10,4 hectáreas más de suelo para hacer zonas comunes. La comisión, aferrándose a la nueva Ley del Suelo, así lo dictaminó. Pero ahora ha cambiado de opinión al leer los informes de dos catedráticos.

La parcela donde se alza la Ciudad Deportiva del Real Madrid ocupa 15 hectár...

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Cuatro torres de 45 plantas sustituirán definitivamente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en el paseo de la Castellana. La Comisión de Urbanismo autorizó este proyecto en los términos que pedían Ayuntamiento y Real Madrid. Un primer informe de la comisión, redactado en octubre, obligaba a los promotores a ceder 10,4 hectáreas más de suelo para hacer zonas comunes. La comisión, aferrándose a la nueva Ley del Suelo, así lo dictaminó. Pero ahora ha cambiado de opinión al leer los informes de dos catedráticos.

La parcela donde se alza la Ciudad Deportiva del Real Madrid ocupa 15 hectáreas en una de las zonas más caras de la ciudad (el paseo de la Castellana). Sobre ella, Real Madrid, Ayuntamiento y Comunidad tienen previsto levantar cuatro torres de oficinas. Con las plusvalías que generará la operación, las tres entidades financiarán diversos proyectos. El Real Madrid, por ejemplo, amortizará su deuda multimillonaria.

Pero existía un problema. Si se aplica la nueva Ley regional del Suelo, aprobada en agosto pasado, los promotores de la operación tendrían que ceder para zonas comunes (áreas verdes y destinadas a infraestructuras) más terrenos de los previstos inicialmente. La Ley del Suelo de 1995 sólo les obligaba a ceder 53.178 metros cuadrados, mientras que la nueva les impone 157.000.

Los técnicos de la Consejería Urbanismo elaboraron a principios de noviembre un informe en el que indicaban que, en su opinión, los promotores de la parcela tendrían que ceder 157.000 metros cuadrados, ya que era de aplicación íntegramente la nueva Ley del Suelo. El informe fue elevado a la Comisión de Urbanismo -máxi-mo órgano consultivo en el que hay representantes parlamentarios y municipales de PP, PSOE e IU- para su debate. La Comisión lo aprobó.

Pero el Ayuntamiento, pocos días después, presentó alegaciones contra esta decisión. Incluyó, además, un informe del catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández. Por su parte, la Comunidad encargó otro dictamen al catedrático de la Universidad Autónoma Ángel Martínez Rexach.

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El primer informe del perito municipal señalaba que debía aplicarse la Ley del Suelo de 1995 (la obligación de ceder sólo 53.000 metros cuadrados). El segundo defendía la aplicación de la norma legal de 2001, pero sin la necesidad de ceder 157.000 metros cuadrados, como reclamaban los técnicos de la Consejería. El catedrático Martínez Rexach argumentaba que sería necesario modificar todo el Plan General de Madrid para que los promotores estuvieran obligados a realizar una cesión de tanto suelo.

Ambos dictámenes fueron estudiados finalmente ayer por la Comisión de Urbanismo, que tomó la siguiente decisión: se aplicará la Ley de 2001, pero los promotores sólo estarán obligados a ceder 53.000 metros cuadrados para áreas comunes, como estipulaba la ley de 1995.

Modesto Nolla, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, tildó la decisión de la Comisión de Urbanismo de 'fraude'. 'Han llegado a la conclusión de que debe aplicarse la Ley de 2001, pero con todas las ventajas para los promotores de la ley de 1995. Esto es escandaloso, la Comisión de Urbanismo ha tomado una decisión que perjudica a los madrileños y que beneficia a los promotores [Comunidad, Ayuntamiento y Real Madrid]'. Nolla denunciará estos hechos en los tribunales.

Fuentes del Gobierno regional insistieron en que la decisión tomada se ajusta a la legalidad y que los informes de los catedráticos afirman que no es necesaria la cesión suplementaria de las 10,4 hectáreas de suelo para zonas comunes.

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