Sobre el valenciano en Guardamar
Lorenzo Quiles afirma en una carta que enviar desde una dependencia del Servef cartas con el sello y cuño oficial, a ayuntamientos de la Vega Baja para que se solidaricen con los objetivos de la asociación que representa, es legal. Muy precipitado, teniendo en cuenta que la investigación que ha iniciado la consejería correspondiente no ha acabado todavía. A mi modesto entender, siendo suave, muy normal no es; porque ¿usted cree que también yo, que no he tenido posibilidad de matricular en valenciano a mi hija en los tres colegios más próximos a mi casa, podré tramitar a través de una delegació...
Lorenzo Quiles afirma en una carta que enviar desde una dependencia del Servef cartas con el sello y cuño oficial, a ayuntamientos de la Vega Baja para que se solidaricen con los objetivos de la asociación que representa, es legal. Muy precipitado, teniendo en cuenta que la investigación que ha iniciado la consejería correspondiente no ha acabado todavía. A mi modesto entender, siendo suave, muy normal no es; porque ¿usted cree que también yo, que no he tenido posibilidad de matricular en valenciano a mi hija en los tres colegios más próximos a mi casa, podré tramitar a través de una delegación del Servef los correspondientes escritos para que diferentes instituciones se solidaricen conmigo? ¿Es esa la función del Servef realmente? De todas maneras, la opinión del señor Quiles sobre lo que es o no legal, no me merece confianza; dice textualmente que 'todos los partidos deben apoyar una reivindicación constitucional como la nuestra'. Hombre, cuando el Tribunal Constitucional ha ratificado una ley lingüística mucho más normalizadora como la catalana, dudar de la constitucionalidad del procedimiento llevado a cabo para incorporar el PIP en ese instituto de Guardamar es un insulto a la inteligencia. Pero las confusiones no acaban aquí: resulta que, según él, debido a que, como mínimo, dos asignaturas (además de valenciano) se imparten en la lengua propia del país (eso es el PIP, en definitiva), a los castellanohablantes de Guardamar se les está obligando a hablar en una lengua que no es la suya. ¿Por qué desde ninguna instancia oficial se explica a estas personas que de lo que se trata con el PIP es que el alumno, cuando acabe la enseñanza obligatoria, sea competente en las dos lenguas oficiales, tal como recoge la Llei d'Ús?
Tenemos mucha suerte los valencianos de ser bilingües. Pero es que además, tampoco se les está obligando a nada; si estas personas quieren que sus hijos sean analfabetos en la lengua propia, tienen la posibilidad de matricularlos en otro instituto con línea en castellano. Lo digo, porque esto es lo que tenemos que hacer miles de valencianos todos los años: llevar a nuestros hijos fuera de nuestros barrios o incluso nuestros pueblos para darles una educación valenciana. Si nosotros lo podemos hacer... Y, por último, ¿a quiénes representan estas personas? ¿A más de mil padres y madres que decía un representante de la asociación el día 3 de octubre en EL PAÍS? ¿A más de 400 que cuenta el señor Quiles en su carta? ¿O a los 100 que suelen acudir a sus manifestaciones reivindicativas? Al AMPA del instituto no, porque se han desmarcado totalmente de esta protesta y al consejo escolar tampoco ya que aprobó por unanimidad hace cinco años la introducción del PIP. ¿Por qué hasta ahora no había protestado nadie? ¿Qué interés político está detrás de esta asociación?-