ESTA SEMANA

Discurso propio

La perspectiva del inicio de negociaciones entre Reino Unido y España para el futuro de Gibraltar abre un nuevo marco en el que Andalucía debe tener un protagonismo destacado. De cara a esa importante cita en Barcelona, el próximo día 20, conviene ir configurando un discurso propio en favor de los intereses no ya del Estado español, sino también de los vecinos de la comarca campogibraltareña.

El alcalde de Algeciras, el andalucista Patricio González, ha lanzado la propuesta, pidiendo un hueco para los representantes de los municipios de la zona en esas conversaciones, como parte directa...

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La perspectiva del inicio de negociaciones entre Reino Unido y España para el futuro de Gibraltar abre un nuevo marco en el que Andalucía debe tener un protagonismo destacado. De cara a esa importante cita en Barcelona, el próximo día 20, conviene ir configurando un discurso propio en favor de los intereses no ya del Estado español, sino también de los vecinos de la comarca campogibraltareña.

El alcalde de Algeciras, el andalucista Patricio González, ha lanzado la propuesta, pidiendo un hueco para los representantes de los municipios de la zona en esas conversaciones, como parte directamente afectada a consecuencia de la persistencia de ese enclave colonial en suelo andaluz y español.

Se trata de una tesis nada descabellada y compartida por la Administración autonómica. Ven posible, en la Junta de Andalucía, compatibilizar el desarrollo de los contactos al más alto nivel diplomático entre los gobiernos español y británico y la celebración de encuentros entre las autoridades locales de uno y otro lado de la verja.

Ya ocurrió en la etapa de Fernando Morán como ministro de Asuntos Exteriores, tomando forma, entonces, una aspiración aún viva, como es la utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar, una propuesta ésta que supondría, de llevarse a cabo, todo un revulsivo para la economía de esa comarca, tan castigada por el paro y el olvido institucional.

Un escenario socioeconómico que ha propiciado que se asienten determinadas aventuras políticas, como han sido las alentadas por el alcalde de Marbella, Jesús Gil. Sus seguidores en La Línea se hicieron en su día con la alcaldía de esta localidad y más tarde se pasaron en bloque al PP. Tal operación les ha supuesto a los populares cierta contestación interna que el propio alcalde, Juan Carlos Juárez, se va a encargar de cortar de raíz esta misma semana con la destitución de los díscolos que le han plantado cara en el último congreso local.

También asistiremos a la llegada de nuevo de los antiguos hombres de Jesús Gil a las empresas municipales del Ayuntamiento de Estepona, fruto del acuerdo que han suscrito con el PP, partido en el que se han sentido tan a gusto e identificados que han decidido integrarse en el mismo.

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Atención a las Cajas

Todo esto sin perder de vista lo que suceda, una vez más, en las cajas de ahorro San Fernando y El Monte. En la Consejería de Economía y Hacienda, como ya expresara su titular, Magdalena Álvarez, andan muy preocupados e inquietos por la evolución de sus respectivas cuentas de resultados en este ejercicio y sus extraños negocios inmobiliarios y de otro tipo que hacen a través de sus participadas y filiales.

Ahora, la atención se centra en el proceso de elección por parte de los impositores de los 45 que han de determinar quiénes serán sus representantes en el nuevo Consejo de Administración que ha de salir de la renovación de los órganos de gobierno en El Monte. Un paso que puede resultar trascendental para el control de esta entidad y que vendrá precedido del acuerdo que suscribirán el lunes PSOE e Izquierda Unida, con el fin de amarrar el máximo de apoyos posible.

Mucho ruido, en fin, que deja necesariamente en un segundo plano una acotación en la agenda política de gran interés, como es siempre, sobre el papel, el debate a la totalidad de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2002. Una Cámara autonómica que los socialistas quieren que, además, asuma el acuerdo de presentar un recurso contra la Ley de Ordenación Universitaria, una iniciativa del Grupo Socialista que pretende dar respuesta a la profunda contestación social que ha surgido contra dicha norma del Gobierno central.

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