Un problema de Estado en la alcoba

No hay delitos públicos y delitos privados. Hay delitos. A la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, María Luisa Balaguer, le irrita sobremanera que todavía algunas mentes, máxime si lucen sobre cargo público, consideren que los malos tratos pertenecen al terreno privado. 'Son un problema social perseguible', asevera.

A Balaguer no le enerva mucho menos la respuesta de la agrupación provincial del PSOE de Sevilla ante la denuncia contra el alcalde de Salteras, Carlos González-Eiris, por supuesta violencia 'continuada', amenazas y delitos sexuales, presentada ...

No hay delitos públicos y delitos privados. Hay delitos. A la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, María Luisa Balaguer, le irrita sobremanera que todavía algunas mentes, máxime si lucen sobre cargo público, consideren que los malos tratos pertenecen al terreno privado. 'Son un problema social perseguible', asevera.

A Balaguer no le enerva mucho menos la respuesta de la agrupación provincial del PSOE de Sevilla ante la denuncia contra el alcalde de Salteras, Carlos González-Eiris, por supuesta violencia 'continuada', amenazas y delitos sexuales, presentada por su esposa Rosa Carmona. Superado el traspiés del comunicado inicial donde encuadraban el caso en la esfera privada, la organización ha abierto una 'comprobación' interna para tratar de averiguar lo ocurrido. Demasiadas cautelas, a juicio de la catedrática. La comisión de ética del PSOE, creada para depurar responsabilidades morales, 'debería actuar de oficio', dice.

El respeto a la presunción de inocencia no está reñido, en su opinión, con la fiscalización interna que debe poner en marcha cualquier partido donde se denuncie un representante como supuesto maltratador. Al margen del procedimiento judicial, María Luisa Balaguer propone que, nada más conocerse el caso, se abra un expediente para investigar lo ocurrido y proceder a la expulsión si se comprueba la veracidad, sin necesidad de esperar a un fallo judicial. 'Si no diferenciamos a los jueces de los políticos, ¿para qué están los políticos?', se interroga. Un cargo político acusado de maltrato, sostiene, merece una actuación orgánica contra él.

En la misma línea, la presidenta de Mujeres Progresistas de Andalucía, Alicia Vañó, propone la adopción de 'medidas políticas preventivas ejemplarizantes' en cuanto se descubre un caso de violencia doméstica que afecta a un representante político o social. Cita como actuación inmediata la suspensión de militancia cautelar y 'si hay indicios suficientes', la expulsión. 'Si luego hay un error y hace falta, ya le haremos un homenaje en la plaza del pueblo, pero en temas de violencia doméstica hay que tomar medidas concretas para proteger a las mujeres', esgrime.

Vañó cree igual de 'desafortunado' referirse a los malos tratos como un delito privado que 'esperar a la sentencia judicial'. No considera que adoptar medidas preventivas contra un cargo público sobre el que pesa una sospecha de malos tratos signifique atentar contra la presunción de inocencia.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Teresa Jiménez, tampoco aprecia conflictos entre la presunción de inocencia y la investigación interna que

poner en marcha cualquier organización ante un caso de violencia doméstica en el que pueda estar implicado alguno de sus representantes. 'Un partido político tiene que abrir un expediente informativo para saber qué ocurre', aduce.

Cree que deben evitarse los juicios paralelos, pero también que es intolerable mantener a un maltratador en una organización política si se confirma que lo es. La expulsión debe ser inmediata en cuanto se produce una sentencia 'incluso aunque no sea firme'. El discurso de Jiménez contra los malos tratos, asumido por el Gobierno andaluz, es radicalmente feroz: 'No sólo no son una cuestión privada, si no un problema de Estado'. Terrorismo doméstico, ha dicho en varias ocasiones. 'Hay que sacar el tema de las paredes de la casa', sostiene.

Los planteamientos existentes en el interior de los propios partidos políticos son bastante más suaves, a excepción de Izquierda Unida, a tenor de las declaraciones de las distintas responsables de áreas relacionadas con la igualdad consultadas. La secretaria de la Igualdad del PSOE de Andalucía, Cinta Castillo, considera que el momento de pedir la dimisión es cuando se produce una sentencia condenatoria. 'Tenemos que ser muy respetuosos también con la presunción de inocencia, eso no quita el que tengamos contundencia cuando hay una sentencia que prueba que lo denunciado es así', señala. La representante socialista cree que 'en la fase inicial' el denunciado debe 'ser escuchado' y que el partido político 'tiene que estar pendiente'. 'No nos hemos precipitado, pero tampoco hemos dejado pasr ni uno', agrega.

La responsable del área de la mujer de IU, Teresa García, matiza que las cautelas no pueden confundirse 'con la política del avestruz'. Propone que la organización afectada abra un expediente para averiguar lo ocurrido 'y nunca para excusarlo'. 'La doble moral de que yo soy una persona en la institución y otra en mi casa no se puede permitir', puntualiza.

Al igual de Castillo y García, también la secretaria nacional de Políticas para la Igualdad del PA, Ana María Uruñuela, subraya que los malos tratos constituyen un problema que afecta a toda la sociedad. Difiere con matices de las pautas a seguir cuando una organización descubre que puede tener un posible maltratador en sus filas. 'La mera acusación no puede ser el veredicto, se debe comprobar que está fundada', puntualiza. La responsable andalucista no es partidaria de actuar contra el acusado antes de que se pronuncien los tribunales, salvo que exista 'una evidencia pública muy clara'. Cuando el fallo es condenatorio, 'hay que apartarlo', dice.