Examen de principios de siglo

La reforma del Estatuto de Andalucía sugerida por Manuel Chaves ha provocado todo tipo de reacciones entre expertos y políticos. Desde el entusiasmo de los históricamente críticos con el texto hasta la preocupación de quienes se muestran reacios a asumir los riesgos de cambiar una norma básica, e incluso advierten de un efecto dominó en el delicado equilibrio del Estado español de las autonomías. También suscita, sobre todo en la oposición, cierta indiferencia o la simple sospecha de estar ante una pirueta política del presidente de la Junta para escapar a la crítica del perfil insulso de su G...

La reforma del Estatuto de Andalucía sugerida por Manuel Chaves ha provocado todo tipo de reacciones entre expertos y políticos. Desde el entusiasmo de los históricamente críticos con el texto hasta la preocupación de quienes se muestran reacios a asumir los riesgos de cambiar una norma básica, e incluso advierten de un efecto dominó en el delicado equilibrio del Estado español de las autonomías. También suscita, sobre todo en la oposición, cierta indiferencia o la simple sospecha de estar ante una pirueta política del presidente de la Junta para escapar a la crítica del perfil insulso de su Gobierno.

El PA es la única fuerza que tiene ya una lista de lo que hay que reformar con todo lujo de detalles

Sin embargo, al entrar en materia, es decir, en el análisis del Estatuto en sí, hay una premisa de la que nadie disiente: la realidad de Andalucía va en dirección opuesta a la que señala el Estatuto. Por ejemplo, en la forma de ordenar el territorio; la misma legislación electoral (disolución del Parlamento); se habla de emigración, pero no de inmigración; las competencias agrarias y pesqueras prácticamente han sido asumidas por la Unión Europea y tampoco existen referencias sustanciales al papel de Andalucía en Europa.

Los dos partidos mayoritarios de la comunidad, sin cuyo consenso es imposible acometer una reforma estatutaria, coinciden con matices en que los objetivos básicos de la comunidad, recogidos en el artículo 12, están más o menos superados. 'Salvo la declaración de pleno empleo, 20 años después se puede decir que esos objetivos se han cumplido o se están cumpliendo', afirma la vicesecretaria general del PSOE, María del Mar Moreno. Juan Ramón Casero, responsable en el PP de un informe sobre la posible reforma, asegura que la 'foto fija' de Andalucía que surge de la mera lectura del Estatuto, plagado de referencias a la situación de subdesarrollo económico, no es, dos décadas después, la misma. 'Se ha avanzado mucho en términos políticos y también económicos y sociales, aunque discrepamos en la eficacia de esas políticas', asegura.

Moreno, como muchos dirigentes socialistas, se esfuerza en quitar trascendencia -en 'desacralizar', dice- la sugerencia de Chaves de modificar el Estatuto. El propio presidente fue extremadamente prudente a la hora de plantear este objetivo, cautela que el PSOE convirtió en compromiso al proponer y aprobar una resolución en el Parlamento en la que insta al Gobierno andaluz a 'impulsar y liderar la reforma'.

Para los socialistas, lo fundamental de la propuesta de Chaves no es tanto la hipotética renovación de la norma andaluza como el que se marquen nuevos objetivos para lograr lo que denominan la 'segunda modernización' de Andalucía. 'Cuando hablamos de la reforma, la ponemos al servicio de la segunda modernización, de que tiene que ser útil para unos objetivos concretos', asegura María del Mar Moreno.

En el PSOE no se oculta que tras esta iniciativa también hay un interés por combatir las críticas de parálisis, de fin de etapa, que desde hace meses se escuchan desde las filas populares; y desde el PP también hay una cierta actitud defensiva de que no volverán a caer en el error que cometió la derecha andaluza a principios de la década de los 80. 'El PSOE fue en el año 1982 el partido de los andaluces y ahora quiere hacer lo mismo. Y nosotros, aunque sólo seamos herederos por parte de madre de UCD, no podemos dejar pasar que ocurra', asegura Casero, quien sostiene que debe ser el Parlamento y no el Gobierno el que lidere un proceso de reforma como el que se apunta.

Tanto PSOE y PP carecen de propuestas concretas acerca de hacia dónde debería evolucionar el texto estatutario, aunque sí que aspectos deberían abordarse. Ambos coinciden en la necesidad de acometer la articulación territorial de la comunidad, un asunto con múltiples derivaciones (desconcentración del poder político, descentralización administrativa) que atacaría el nunca resuelto problema de los localismos. Moreno reconoce que los órganos periféricos de la comunidad, tal como dice el artículo 4, no son las diputaciones provinciales, sino las delegaciones de la Junta de Andalucía. 'Habría que conciliar la realidad con las disposiciones estatutarias', admite, en una posible reforma. Casero, por el contrario, cree necesario defender el papel de las diputaciones, a las que las leyes autonómicas van restando poder político.

También hay coincidencia en abordar la presencia de Andalucía en los órganos de la Unión Europea, pero, no en cómo. 'Veo complicado que las comunidades estén en los consejos de ministros en representación del Estado y con la ampliación de la UE la algarabía puede ser mortal', afirma el dirigente del PP. Para los socialistas, la presencia de Andalucía no sólo en Europa sino en el mundo 'debe ser un punto clave de revisión', aunque no dan detalles.

Otros aspectos a abordar sería la reforma de la ley Electoral andaluza, un calco de la ley orgánica que rige para todo el Estado, cuya reforma todos los partidos andaluces defienden. Casero, 'a título personal', es el que va más lejos: cree que debería eliminarse la restricción estatutaria que limita a 110 el número de diputados, ampliar esa cifra y establecer un sistema proporcional de reparto de forma que se respete el criterio de que ninguna provincia dobleen número de diputados a otra. En las filas socialistas la única propuesta que se ha presentado en el Parlamento gira en torno a primar económicamente aquellas listas que respeten la paridad.

Entre los entusiastas de dar un giro radical al Estatuto están Izquierda Unida y PA. De hecho, fueron los primeros en reaccionar al envite de Chaves con unos principios definidos y concretos, si bien en parte responden a las aspiraciones de sus idearios políticos y programas electorales.

La diputada de IU Concha Caballero es tajante: 'O a la autonomía se le da un impulso o se van a crear tensiones territoriales y locales de derecha. Un simple traspaso de competencias no lo va a solucionar. Esto no se puede quedar como está'. IU tiene ya listo un borrador en el que los pilares básicos son: nueva relación institucional, el equilibrio de la ordenación territorial y el escenario europeo y federal. Según Caballero, se debería aprovechar para establecer un concepto renovado de los derechos de ciudadanía como eje clave de la nueva relación institucional. 'Creemos que los ciudadanos, además de tener garantizada su subsistencia y la relación del tiempo de trabajo, deben participar más en la toma de decisiones', explica Caballero, y enlaza este principio con el papel de Andalucía en España y Europa. 'Tiene que haber un órgano de formación de opinión federal y otro europeo, Aznar no puede ir a Europa sin que se pronuncien las comunidades. En el actual Estado de las autonomías, éstas no tienen capacidad para configurar la opinión del Estado'.

Para IU la reforma del Estatuto pasa obligatoriamente por la reforma del título VIII de la Constitución, lo mismo que ocurre con el PA, quien además plantea cambiar los títulos III y IV. Los andalucistas contrastan con el resto por tener muy claro qué y cómo hay que reformar en el texto con todo lujo de detalles. Por ejemplo, piensan que Andalucía debería ser una provincia única, mientras que las actuales provincias tendrían consideración de entes supracomarcales y estarían regidas por corporaciones. Las comarcas y los municipios serían las otras dos figuras de la estructura. Las delegaciones del Estado desaparecerían y sus competencias serían asumidas íntegramente por la autonomía, que se constituiría en una administración única. Como tal, tendría capacidad para adoptar medidas para la ejecución y desarrollo de las políticas europeas, instrumentos financieros y programas, incluidas aquellas políticas que, correspondiendo originariamente al Estado, hayan sido cedidas a la Unión Europea.

En este marco, se contaría con una agencia tributaria propia y una comisión de justicia elegida por el Parlamento. Los andalucistas proponen ampliar el número de diputados de 109 a 145, 18 escaños por cada circunscripción electoral, sin tener en cuenta su población, y un parlamentario elegido por 122.000 andaluces que residen fuera.