El fiscal pide que se investigue a García Antón y Modrego por el vial de Cabanes

El ministerio fiscal, representado por Antonio Chisvert, afirmó ayer ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que 'existen indicios de criminalidad' en la actuación de los consejeros de Obras Públicas, José Ramón García Antón, y de Medio Ambiente, Fernando Modrego, al autorizar las obras de la carretera entre Oropesa y Cabanes 'a pesar de que conocían su afección negativa sobre el paisaje'.

La intervención del fiscal se produjo en la vista convocada con urgencia para determinar la posible competencia del TSJ en el caso que i...

El ministerio fiscal, representado por Antonio Chisvert, afirmó ayer ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que 'existen indicios de criminalidad' en la actuación de los consejeros de Obras Públicas, José Ramón García Antón, y de Medio Ambiente, Fernando Modrego, al autorizar las obras de la carretera entre Oropesa y Cabanes 'a pesar de que conocían su afección negativa sobre el paisaje'.

La intervención del fiscal se produjo en la vista convocada con urgencia para determinar la posible competencia del TSJ en el caso que instruye ahora un juzgado de Castellón por un supuesto delito ecológico contra el director general de Obras Públicas, Pedro Marco, y el jefe de la oficina de la demarcación de carreteras, Josep Llin i Belda, porque la querella se ha ampliado a los dos miembros del Consell, quienes, por su condición de aforados, sólo pueden ser investigados por el alto tribunal.

Héctor Fernández, abogado de la acusación particular, opinó que 'será muy difícil' que el PP, que goza de mayoría absoluta en las Cortes, conceda el preceptivo consentimiento para que el tribunal llame a declarar a los dos consejeros.

Mientrass, en la Sala de lo Contencioso del TSJ, también ayer, el abogado de la Plataforma en defensa de la Vía Augusta, Juan Carlos Insa, solicitó la paralización cautelar de las obras de la autovía entre Borriol y Pobla Tornesa para evitar cualquier actuación que ponga en peligro la calzada romana. El tribunal debe tomar una decisión en el plazo de 10 días.