El PSOE tilda la ley de Reforma Laboral de 'acoso' al PER

Los socialistas andaluces consideran que algunos puntos de la recientemente aprobada ley de Reforma Laboral suponen un 'acoso' del Gobierno central al AEPSA (antiguo PER) y a los municipios que se benefician del mismo. El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, José Caballos, aseguró ayer que las reformas supondrán un coste extraordinario a los municipios andaluces, que pasarán de abonar mil millones de pesetas entre todos para pagar las peonadas a tener que poner 12.000 millones.

Los socialistas critican que los contratos pasen a denominarse como 'laborales de inserción', lo que se...

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Los socialistas andaluces consideran que algunos puntos de la recientemente aprobada ley de Reforma Laboral suponen un 'acoso' del Gobierno central al AEPSA (antiguo PER) y a los municipios que se benefician del mismo. El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, José Caballos, aseguró ayer que las reformas supondrán un coste extraordinario a los municipios andaluces, que pasarán de abonar mil millones de pesetas entre todos para pagar las peonadas a tener que poner 12.000 millones.

Los socialistas critican que los contratos pasen a denominarse como 'laborales de inserción', lo que se traduce en la disminución de la base mínima de cotización a cargo del Inem. Caballos aseguró que con el anterior sistema para pagar un salario de 276.397 pesetas, el Inem ponía alrededor de 246.000 pesetas y el resto corría a cargo del municipio. Ahora, según el PSOE, el Inem tan sólo aportará 100.000 pesetas.

'No todos los consistorios van a poder afrontar estos gastos', alertó el portavoz socialista, que anunció una batería de iniciativas en el Congreso y la Cámara autonómica y de mociones en los ayuntamientos para intentar que estos programas queden fuera de la ley de Reforma Laboral.

Otro de los puntos de la norma que los socialistas exigen que se cambie es el que fija que aquellos jornaleros que hayan acumulado nueve meses de peonadas en los últimos tres años tengan que pasar otros tres años sin beneficiarse del PER.

Caballos también critica 'el doble rasero' de la Administración central y afirmó que mientras se niegan las prórrogas a los plazos de las obras a realizar (lo que obligará a devolver 540 millones, el 40% de lo aportado en esta materia), aún no se han fijado las obras de 2001.

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