Querella de 71 entidades por la carga policial en la marcha de Barcelona

Tres semanas después de la marcha antiglobalización celebrada en Barcelona que acabó con una contundente carga policial (23 detenidos y decenas de heridos), 71 entidades presentaron ayer una querella ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los responsables de la actuación de las fuerzas de seguridad. Un total de 100 testigos y numeroso material gráfico avalan la acusación.

La querella ha sido presenada contra la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas y el subdelegado en Barcelona, David Bonet, por su responsabilidad política en ...

Tres semanas después de la marcha antiglobalización celebrada en Barcelona que acabó con una contundente carga policial (23 detenidos y decenas de heridos), 71 entidades presentaron ayer una querella ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los responsables de la actuación de las fuerzas de seguridad. Un total de 100 testigos y numeroso material gráfico avalan la acusación.

La querella ha sido presenada contra la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas y el subdelegado en Barcelona, David Bonet, por su responsabilidad política en los hechos. También se dirige contra los mandos policiales de los agentes de paisano que presuntamente colaboraron en los destrozos ocasionados durante la marcha, y de los agentes antidisturbios que cargaron duramente contra los manifestantes al final de la misma, cuando no habían intervenido antes para impedir los destrozos en comercios y mobiliario público protagonizados por un grupo minoritario.

Entre otros delitos, se les acusa de daños, agresiones, coacciones, detención ilegal, delitos contra el ejercicio de los derechos civiles y omisión del deber de perseguir delitos. La querella ha sido redactada por 11 letrados de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y la suscriben 71 entidades, organizaciones cívicas, sindicatos y partidos políticos.

El equipo jurídico ha reconstruido los hechos a partir de testimonios de manifestantes e incluso ciudadanos que, sin participar en la marcha, presenciaron la polémica intervención policial. Entre los testigos también hay 13 periodistas. Además, los letrados han presentado numeroso material gráfico sobre las agresiones a ciudadanos, el desarrollo de la carga y las detenciones, e imágenes de los policías de paisano a los que los organizadores de la manifestación atribuyen daños en cinco establecimientos comerciales del paseo de Gracia.

García Valdecasas declaró ayer que Barcelona 'no puede convertirse en refugio de grupos que, utilizando la cobertura de los movimientos sociales, practiquen la violencia'. Valdecasas aseguró que la querella 'forma parte de una campaña de desprestigio de las fuerzas de seguridad'. Por su parte, el presidente del PP de Barcelona, Santiago Fisas, reclamó anteayer al alcalde, Joan Clos, que rechaze públicamente la querella.

Criminalización

Ante las declaraciones de Valdecasas, la portavoz de las entidades, Gabriela Serra, afirmó que 'las instituciones se desprestigian por lo que hacen'. Serra aseguró que 'se ha intentado criminalizar como movimiento social' a la campaña contra la globalización, y añadió que 'esta criminalización ha puesto en juego la credibilidad de la democracia'.

La querella se ha presentado ante el Tribunal Superior al equiparar el cargo de Valdecasas con el de un aforado, aunque los propios abogados reconocen que la competencia judicial no está clara, pues existe un 'vacío legal' al respecto. Si se acepta la competencia, el tribunal debe decidir si en la querella hay indicios suficientes de delito para darle trámite. En caso de ser rechazada, se presentaría ante los juzgados de instrución.