Hacienda prometió a General Dynamics que Defensa le otorgará 47.000 millones en contratos
La SEPI da por hecho que Santa Bárbara venderá en exclusiva munición al Ejército tras ser privatizada
El Gobierno adjudicó Santa Bárara a la compañía estadounidense, tras una dura pugna con el consorcio alemán formado por Krauss Maffei y Rheinmetall, porque el plan industrial presentado por General Dynamics (GD) garantizaba el mantenimiento de todas las factorías y empleos durante cinco años, con unas penalizaciones globales por valor de casi 6.000 millones de pesetas en caso de incumplimiento. Dicho plan industrial, según fuentes conocedoras de la negociación, se elaboró basándose en la carga de trabajo que GD se propone aportar a Santa Bárbara con destino a la exportación y en las previsione...
El Gobierno adjudicó Santa Bárara a la compañía estadounidense, tras una dura pugna con el consorcio alemán formado por Krauss Maffei y Rheinmetall, porque el plan industrial presentado por General Dynamics (GD) garantizaba el mantenimiento de todas las factorías y empleos durante cinco años, con unas penalizaciones globales por valor de casi 6.000 millones de pesetas en caso de incumplimiento. Dicho plan industrial, según fuentes conocedoras de la negociación, se elaboró basándose en la carga de trabajo que GD se propone aportar a Santa Bárbara con destino a la exportación y en las previsiones de compras por parte del Ministerio de Defensa español que le entregó la SEPI.
Santa Bárbara ya cuenta en su cartera de pedidos con el programa del carro de combate Leopard, cuyo coste total asciende a 322.694 millones de pesetas. Y está pendiente de que se apruebe la segunda y tercera fase del blindado Pizarro, por unos 80.000 millones.
'Plan de Defensa'
Pero las previsiones presentadas por la SEPI a General Dynamics incluyeron, además, dos programas pendientes de adjudicar: el Obús 155/52, por 17.000 millones de pesetas, y el plan de remunicionamiento, por 30.000 millones. Estos dos últimos contratos, denominados 'Plan de Defensa' en la negociación con la empresa norteamericana, asegurarían la viabilidad de las fábricas de Granada, Murcia y Palencia. El problema radica en que el Ministerio de Defensa carece de fondos suficientes para afrontar estos compromisos, teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias para el año próximo (aumento en torno al 2%), el fuerte coste de la profesionalización de la tropa y la necesidad de empezar a devolver los préstamos adelantados en los últimos años por Ciencia y Tecnología para los grandes programas de armamento.
Pero incluso si hubiera financiación bastante, no puede prometerse, como ha hecho la SEPI, que la adjudicataria será Santa Bárbara. Es probable que lo sea en el caso del obús -pues Defensa ha dedicado ya una partida a su desarrollo-, pero no de forma exclusiva para toda la munición. 'Santa Bárbara ha sido la proveedora habitual y se da por hecho que seguirá siéndolo', asegura un portavoz de la SEPI. Se olvida que Santa Bárbara ya no será más que una empresa privada obligada a competir con otras, si se respeta la legislación sobre contrataciones públicas.
El mismo portavoz indicó que, aunque la previsión asciende a 47.000 millones en un lustro, el verdadero interés de General Dinamycs es asegurarse pedidos por un monto de 16.000 millones para los dos primeros años, mientras se adaptan las fábricas a las nuevas líneas de productos.
Distintos portavoces de la SEPI no han sabido responder a la pregunta de si los compromisos asumidos por General Dynamics están condicionados a que Defennsa cumpla sus previsiones. En otras palabras: si la empresa estadounidense podría recortar plantilla en el caso de que no se le adjudiquen los contratos prometidos. 'Ése es un problema que no se plantea. No hay nada que haga pensar que no van a cumplirse las previsiones de Defensa', afirman.
La existencia de un vínculo entre los compromisos asumidos por General Dynamics y la futura adjudicación de programas de Defensa debería reflejarse en el contrato de venta de Santa Bárbara que está previsto firmar antes de fin de mes.
El Gobierno, sin embargo, se ha negado a revelar su contenido, incluso al Congreso de Diputados, alegando que tiene carácter confidencial.