El Gobierno publicará en la prensa el nombre de quienes dañen la naturaleza
IU cree que la futura norma debe ser mejorada porque considera que 'aún es un coladero legal'
Pedro Calvo Poch, del PP, consejero de Medio Ambiente, aseguró ayer que la futura ley busca el 'desarrollo sostenible' de la región y una mayor agilidad en la tramitación de los procesos de evaluación ambiental. La norma, que establece un procedimiento abreviado de evaluación para los proyectos de escasa repercusión medioambiental (pequeñas empresas, tuberías de gas, azucareras...), es sumamente dura con los infractores. En su artículo 56 establece claramente que 'en ningún caso la multa correspondiente será igual o inferior al beneficio que resulte de la comisión de la infracción, pudiendo in...
Pedro Calvo Poch, del PP, consejero de Medio Ambiente, aseguró ayer que la futura ley busca el 'desarrollo sostenible' de la región y una mayor agilidad en la tramitación de los procesos de evaluación ambiental. La norma, que establece un procedimiento abreviado de evaluación para los proyectos de escasa repercusión medioambiental (pequeñas empresas, tuberías de gas, azucareras...), es sumamente dura con los infractores. En su artículo 56 establece claramente que 'en ningún caso la multa correspondiente será igual o inferior al beneficio que resulte de la comisión de la infracción, pudiendo incrementarse su cuantía hasta el doble del mismo'.
El director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ignacio López-Galiacho, explicó que con esta nueva normativa 'se intenta evitar que a los infractores les salga más barato contaminar que pagar la multa'.
Sin embargo, Julio Setién, portavoz de medio ambiente de IU, no se muestra tan optimista con los frutos de la futura ley. 'Este texto representa un avance en el régimen sancionador', pero aún es un 'coladero' para los que pretendan vulnerarlo, dice el diputado. Setién recuerda que por el procedimiento abreviado de evaluación ambiental se pueden colar las graveras o los campos de golf. Por ello, cree que el texto debe ser mejorado, al considerar que su redacción es muy enrevesada.
Ecologistas en Acción, por su parte, se queja de que el procedimiento abreviado de evaluación de los proyectos urbanísticos que prevé la ley es 'fruto del atasco de los servicios de evaluación de la Consejería de Medio Ambiente'. 'No deben reducir el colapso a través de evaluaciones de impacto más cortas, sino contratando más personal', afirma la asociación.
López-Galiacho replica que este tipo de procedimientos abreviados se establece porque existen proyectos 'con poca repercusión ambiental' que pueden ser resueltos de forma más sencilla que lo que contempla la vigente Ley 10/91.
El borrador multiplica por ocho la cuantía de las multas máximas. Actualmente, y con arreglo a las leyes en vigor, la sanción máxima que puede imponer el Gobierno regional es de 50 millones. La futura ley de evaluación ambiental las eleva a los 400 millones.
Además, las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por faltas graves o muy graves 'no podrán obtener subvenciones ni otro tipo de ayudas de la Comunidad hasta haber cumplido la sanción y haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes', según el borrador.
Los infractores, con independencia de las multas impuestas, quedarán obligados, además, a 'reparar el daño causado, con objeto de reponer los bienes a su estado anterior a la comisión de la infracción'. Si el infractor no reparase los daños medioambientales, 'el órgano competente podrá imponerle multas coercitivas, que serán reiteradas por lapsos de tiempo suficiente para cumplir lo ordenado'. Estas multas serán independientes y compatibles con las sanciones impuestas, y 'cada una' podrá alcanzar hasta el 10% de la multa. Pero, además de estas sanciones, la ley obligará a los infractores a 'indemnizar por los daños causados' al entorno natural. Su importe podrá ser exigido en vía de apremio. Medio Ambiente se reserva también una posible comunicación de los hechos 'al órgano jurisdiccional competente o al ministerio fiscal'.
Esta ley surge, según su preámbulo, por las 'crecientes exigencias de la sociedad para la protección del medio ambiente'.
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