El PSOE e IU acusan al Ejecutivo de acelerar la renovación del Poder Judicial para favorecer a Liaño

Tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el de Izquierda Unida no descartan esa intención gubernamental ante la hipótesis de que el nuevo Consejo General del Poder Judicial cuente con numerosos integrantes propuestos por las asociaciones y jueces conservadores.

El secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, negó esa intención y reivindicó para el Gobierno la potestad de delimitar el alcance de los indultos que concede 'por el bien de la separación de poderes del Estado y para preservar los derechos del Gobierno, sea este o cualquiera de los Gobiernos de España'. 'Desmient...

Tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el de Izquierda Unida no descartan esa intención gubernamental ante la hipótesis de que el nuevo Consejo General del Poder Judicial cuente con numerosos integrantes propuestos por las asociaciones y jueces conservadores.

El secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, negó esa intención y reivindicó para el Gobierno la potestad de delimitar el alcance de los indultos que concede 'por el bien de la separación de poderes del Estado y para preservar los derechos del Gobierno, sea este o cualquiera de los Gobiernos de España'. 'Desmiento esa insinuación, que es una pura maldad', insistió. 'Si las insinuaciones de que el Pacto de la Justicia tenían que ver con la situación penitenciaria de algunas personas eran totalmente inciertas, también éstas lo son', añadió en alusión a los ex altos cargos socialistas del ministerio del Interior José Barrionuevo y Rafael Vera.

El PSOE e IU dan por seguro que el Gobierno 'tiene facturas pendientes que pagar' a Javier Gómez de Liaño, y acusó al Ejecutivo de querer 'retorcer el pescuezo al Poder Judicial', al tiempo que recordaron las vías que se abren tanto al Tribunal Supremo como al Consejo General del Poder Judicial para que recurran la decisión del Tribunal de Conflictos.

'Penados de prestigio' 'El Gobierno ha inventado un nuevo acceso a la carrera judicial cual es el turno de penados y condenados de reconocido desprestigio'. Esta frase del responsable federal de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, marca la pauta del ánimo con el que se acogió en ese partido la decisión de Tribunal de Conflictos. Antes, el portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, calificó la decisión de ese tribunal de 'indignante y muy grave', y negó al Tribunal de Conflictos la facultad de tomar una decisión así por encima del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

De manera sibilina, tanto Caldera como López Aguilar y el portavoz parlamentario socialista sobre Justicia, Javier Barrero, apuntaron las vías que podrían utilizar esas instancias para oponerse a la decisión. El Tribunal Supremo, con la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad, y el Consejo General del Poder Judicial, con un conflicto de atribuciones, ya que sólo a este último órgano compete el nombramiento de los jueces, y no por orden de nadie. 'Pero los socialistas sólo hacemos consideraciones políticas y otros órganos sabrán lo que tienen que hacer', apostilló López Aguilar. El PSOE se preguntó 'qué facturas y qué favores le debe el Gobierno a Gómez de Liaño'.

Pero la carga de profundidad política más intensa de la oposición hacia el Gobierno se tradujo en relacionar la celeridad con que el Gobierno quiere proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reposición de Gómez de Liaño en la Administración de Justicia. 'Nuestro Pacto de la Justicia no cubre los desmanes del Gobierno', matizó Javier Barrero. Esta fue la única expresión pública del PSOE sobre esta cuestión, que, sin embargo, consumió todas sus consideraciones oficiosas.

Miembros de la dirección del PSOE temen que la prisa de estos días para acelerar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que sea sustituido antes de finalizar el mes de julio puede tener como motivo el supuesto trato de favor que el nuevo Consejo otorgaría a Gómez de Liaño. Esa mayoría vendría por la representación superior a los demás que obtendrá sin duda la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador.

El Gobierno da la batalla

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, no dudó en afirmar que esto es lo que busca el Ejecutivo: 'El Gobierno intenta ganar la última batalla de Liaño en el Consejo General del Poder Judicial'. Llamazares tildó al Tribunal de Conflictos de 'herencia del franquismo', utilizado por el Gobierno 'para salirse con la suya' en su en su propósito de 'acaparar todos los poderes del Estado como si fuera el Rey Sol'. El coordinador general de Izquierda Unida se preguntó por la utilidad del Pacto de la Justicia entre el Partido Popular y el PSOE. 'Hablar de pacto es un sarcasmo ya que no ha impedido que el Gobierno se entrometa en la Justicia', alegó.

El portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso, Xavier Trias, no quiso opinar sobre estos hechos, ya que, a su juicio, son 'discusiones de salón'.