El Gobierno garantizará por ley las ayudas a empresas de inserción de marginados

Las empresas de inserción nacieron en Madrid a comienzos de los años 90; la mayoría, al amparo del programa del ingreso madrileño de integración (IMI), una ayuda de 42.000 pesetas mensuales, acompañada de un apoyo social, que perciben 8.000 familias madrileñas sin recursos. El objetivo de dichas empresas es acercar al mercado laboral a los perceptores del IMI; muchos de ellos, personas con graves dificultades para encontrar empleo por su marginación.

En la región hay 20 compañías de este tipo dedicadas a sectores como la carpintería, la encuadernación, la ayuda a domicilio o la copister...

Las empresas de inserción nacieron en Madrid a comienzos de los años 90; la mayoría, al amparo del programa del ingreso madrileño de integración (IMI), una ayuda de 42.000 pesetas mensuales, acompañada de un apoyo social, que perciben 8.000 familias madrileñas sin recursos. El objetivo de dichas empresas es acercar al mercado laboral a los perceptores del IMI; muchos de ellos, personas con graves dificultades para encontrar empleo por su marginación.

En la región hay 20 compañías de este tipo dedicadas a sectores como la carpintería, la encuadernación, la ayuda a domicilio o la copistería. Sus promotores son asociaciones que trabajan con colectivos desfavorecidos, como las fundaciones Tomillo y San Martín de Porres, la asociación La Kalle, Cáritas...

Paco Pérez Carazo, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI), que agrupa a la mayoría de estas entidades, explica que al sector le urge la regulación. 'Ahora ni siquiera existe una figura definida como empresa de inserción, con lo que, por lo general, estamos registradas como sociedades limitadas y nuestra situación es un tanto anormal, aunque en obligaciones fiscales y contractuales estamos al día. La mayoría hemos nacido con subvenciones del IMI, pero si se hace una regulación ya podremos optar a ayudas específicas', añade.

'Una de nuestras mayores necesidades es que los concursos públicos convocados por las instituciones contengan una cláusula social, como se hace ya en municipios como Getxo (Guipuzcoa) y Pamplona (Navarra), que nos iguale en oportunidades, porque, teniendo en cuenta las dificultades de nuestro personal, nos resulta muy difícil competir con otras empresas', concluye Carazo. La entidad de la que él forma parte, la asociación vallecana La Kalle, mantiene desde hace un lustro una empresa de inserción, Iroko, especializada en mobiliario, con cuatro trabajadores procedentes del IMI, un formador y un comercial. En ese tiempo han logrado que algún hipermercado de la zona les encargue muebles y juegos infantiles.

Nieves Alonso, responsable del programa del IMI desde su creación, explica que el nuevo decreto está incluido en el plan contra la exclusión que el Gobierno regional quiere poner en marcha este año. Dicho plan engloba la reforma del IMI, convirtiéndolo en un programa de rentas mínimas. 'En septiembre queremos tener todo el plan, incluida la regulación de estas empresas de inserción, para que sea debatido por la mesa del trabajo [formada por Comunidad, patronal y sindicatos] y la Asamblea. El objetivo es que el plan entre en funcionamiento este año o a comienzos de 2002', apostilla. El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró el jueves en la Asamblea que la Ley de Rentas Mínimas estará lista en julio.

El borrador del decreto que regulará las empresas de inserción ha sido ya facilitado a la AMEI (que en principio lo ve con buenos ojos), a la patronal y a los sindicatos. En él se define lo que es una empresa de inserción y se fijan los requisitos que debe cumplir; entre ellos, carecer de ánimo de lucro, favorecer el paso de sus empleados al mercado normalizado (no deben permanecer en este tipo de compañía más de tres años) y tener un 60% de empleados derivados por los servicios sociales. Se les exige además realizar un seguimiento social de sus trabajadores.

El Gobierno prevé, por ejemplo, subvencionar cada puesto creado con el 60% del salario mínimo interprofesional y dar ayudas de hasta tres millones al año para la contratación de técnicos que gestionen la empresa.