El secretario de Empleo contradice al ministro y cree posible el traspaso de competencias a la Junta

Chozas aseguró tras la reunión de ayer que las intenciones del Gobierno son cerrar el proceso de negociación 'cuanto antes' y 'resolver' las cuestiones pendientes con la Junta para el traspaso de las competencias en materia de Empleo. El representante del Ejecutivo llegó a afirmar: 'Tenemos unas posiciones que han resuelto la mayoría de los problemas que hasta ahora habíamos abordado desde ambos lados de la negociación'.

Chozas no quiso pronunciarse sobre las declaraciones previas del ministro de Trabajo, quien insistió en no era necesario el traspaso por la buena gestión del Gobierno y...

Chozas aseguró tras la reunión de ayer que las intenciones del Gobierno son cerrar el proceso de negociación 'cuanto antes' y 'resolver' las cuestiones pendientes con la Junta para el traspaso de las competencias en materia de Empleo. El representante del Ejecutivo llegó a afirmar: 'Tenemos unas posiciones que han resuelto la mayoría de los problemas que hasta ahora habíamos abordado desde ambos lados de la negociación'.

Chozas no quiso pronunciarse sobre las declaraciones previas del ministro de Trabajo, quien insistió en no era necesario el traspaso por la buena gestión del Gobierno y que existían 'importantes dificultades'. 'Lo importante es llegar al acuerdo', dijo ayer Chozas para zanjar la polémica.

El consejero José Antonio Viera también renunció a entrar en polémica y anunció que 'la parte esencial de la negociación está realizada'. Sin embargo, reconoció que 'la dificultad estriba en la valoración económica de las transferencias'.

Fondos

La Junta ha calculado en 70.000 millones de pesetas el presupuesto que el Gobierno debe abonar para que el Ejecutivo regional gestione las políticas activas de empleo. Esta cifra incluye el fondo anual correspondiente al empleo agrario y las retribuciones de los funcionarios del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en Andalucía. Asimismo, es necesario acordar el año censal que se usará para calcular el dinero que debe llegar a Andalucía, una cuestión que ya causó el rechazo andaluz al sistema de financiación.

Viera anunció que el lunes tiene previsto mantener una conversación con Aparicio como gesto de 'buena voluntad'. 'Vamos a dejar zanjado lo que haya podido haber de distanciamiento desde el punto de vista de las formas, que no del fondo, en estos últimos días y empezar un tiempo nuevo, dejando al margen las diferencias que hayan podido existir', comentó.

Además, añadió que pedirá al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que inste a celebrar una reunión de la comisión de transferencias lo antes posible pare que, hasta junio, se puedan celebrar las reuniones que 'hagan falta' y que esa comisión sirva para cerrar el acuerdo.

Tras varios meses de negociaciones, el consejero expresó el mes pasado su 'asombro y preocupación' por unas declaraciones de Aparicio en las que aludió a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el traspaso de estas políticas por 'la posición en la que se había colocado' la Junta de Andalucía. El consejero consideró estas declaraciones una 'auténtica golfería política'.

El principio de acuerdo entre ambas Administraciones, según indicó entonces el consejero, recogía que las transferencias de las políticas activas de empleo suponen 1.500 agentes de desarrollo rural, 1.627 trabajadores y 189 oficinas de empleo (32 en capitales de provincia y 157 repartidas por el resto del territorio).