El TSJA rechaza el decreto en el que Gil suspendía a su interventor
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido rechazar el recurso de apelación interpuesto por el equipo de gobierno de Marbella contra la paralización del decreto que suspendía de empleo y sueldo al interventor municipal, Juan Antonio Castro. Jesús Gil acusó al funcionario de deslealtad y de presentar 38 cargos falsos para evitar su imputación en el caso de las camisetas.
La causa se inició el 11 de diciembre del pasado año, fecha en la que el Ayuntamiento de Marbella abrió un expediente a Castro, pocos días después de que Gil y Gil le tachase de 'traidor' por...
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido rechazar el recurso de apelación interpuesto por el equipo de gobierno de Marbella contra la paralización del decreto que suspendía de empleo y sueldo al interventor municipal, Juan Antonio Castro. Jesús Gil acusó al funcionario de deslealtad y de presentar 38 cargos falsos para evitar su imputación en el caso de las camisetas.
La causa se inició el 11 de diciembre del pasado año, fecha en la que el Ayuntamiento de Marbella abrió un expediente a Castro, pocos días después de que Gil y Gil le tachase de 'traidor' por facilitar documentación a los auditores del Tribunal de Cuentas. El funcionario, que fue suspendido de empleo y sueldo de forma provisional por un período de seis meses en tanto se tramitaba el expediente, recurrió la medida y un mes después se reincorporó a su puesto. No conforme, el GIL apeló la decisión judicial y acusó al interventor de 'haber sido desleal con el Ayuntamiento y usar información confidencial'.
El alto tribunal andaluz acuerda ahora desestimar el recurso de apelación presentado por el abogado del Ayuntamiento de Marbella, José María del Nido, contra la decisión del Juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Málaga, que permitió a Castro reincorporarse a su trabajo. Rechaza el TSJA que la continuidad del funcionario suponga 'un grave peligro para los intereses generales de la administración municipal', como mantiene el equipo de gobierno, y considera que su actuación no sólo no es contraria a los intereses municipales, 'sino una obligada colaboración del funcionario expedientado con el Tribunal de Cuentas'.