Francia se propone duplicar el precio de los despidos

Tras la emoción suscitada en Francia por la cascada de reducciones de empleo anunciadas, el Gobierno de izquierda anunció ayer una batería de medidas destinadas a disuadir a las grandes empresas de llevar a cabo sus planes de ajuste. La principal se refiere al encarecimiento de los despidos, que obligará a las empresas a pagar un 20% del salario mensual por año de antigüedad al trabajador que despidan, bastante más de lo que se paga en España por los despidos improcedentes, donde los 45 días por año equivalen a algo más del 12% del sueldo mensual. Tanto la oposición de derechas como el preside...

Tras la emoción suscitada en Francia por la cascada de reducciones de empleo anunciadas, el Gobierno de izquierda anunció ayer una batería de medidas destinadas a disuadir a las grandes empresas de llevar a cabo sus planes de ajuste. La principal se refiere al encarecimiento de los despidos, que obligará a las empresas a pagar un 20% del salario mensual por año de antigüedad al trabajador que despidan, bastante más de lo que se paga en España por los despidos improcedentes, donde los 45 días por año equivalen a algo más del 12% del sueldo mensual. Tanto la oposición de derechas como el presidente de la principal organización patronal calificaron las medidas anunciadas de 'retorno a una economía administrada'.

Las medidas se concentran esencialmente sobre las grandes empresas, considerando como tales a las que cuentan con más de 1.000 empleados. La ministra de Empleo y Solidaridad, Elisabeth Guigou, argumentó sobre la necesidad de no dejarse 'subyugar' por 'la inexorable ley del mercado' cuando explicó las medidas adoptadas, tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado.

Las medidas se producen tras los masivos despidos anunciados por Danone y Mark & Spencer a los que se suma Moulinex, con un recorte de 2.900 empleos, según informó ayer Le Monde. Serán introducidas como enmiendas en la ley de modernización social que se encuentra en trámite parlamentario. Pueden resumirse así:

- Despidos. En caso de reestructuración por motivos económicos, la empresa verá duplicada la cantidad que ha de satisfacer a cada trabajador despedido. Hasta ahora era de una décima parte del salario mensual por cada año de antigüedad, y cuando entren en vigor las nuevas medidas se elevará a un 20% del sueldo. En la práctica, varias de las empresas que han anunciado despidos, como Danone, ya estaban pagando cantidades más elevadas que el mínimo legal.

Despedir trabajadores en España es todavía un poco más caro que en Francia; pero cuando entre en vigor la reforma anunciada ayer, en Francia será del 20% del salario mensual por año, frente a poco más del 12% en España, porcentaje que se reduce al 9% en el contrato fijo de fomento con indemnización por despido de 33 días por año trabajado para diferentes colectivos, entre ellos los jóvenes, los parados y los mayores de 45 años.

Los despidos de trabajadores de más de 50 años de edad serán encarecidos en Francia todavía más y se estudia, para más adelante, la aplicación de un sistema de bonus-malus para las cotizaciones de la seguridad social, con modalidades todavía imprecisas.

- Trabas administrativas. Se introducen obligaciones para los empresarios de presentar 'las consecuencias sociales y territoriales' de sus planes de reestructuración. El comité de empresa tendrá derecho a un análisis técnico de los mismos, a costa de la empresa. Se prohíbe al empresario que lleve a cabo las notificaciones de despido sin responder antes, específicamente, a las sugerencias que la Administración le haya hecho sobre el plan de reestructuración presentado.

- Permiso de recolocación. El trabajador tendrá derecho a un periodo de varios meses -se habla de seis- durante los cuales continuará a sueldo de la empresa, a efectos de garantía mientras se intenta su recolocación.

- Reindustrialización. Las empresas de más de 1.000 empleados serán sometidas a una contribución financiera, por un monto todavía no precisado, para ayudar a la creación de nuevas actividades en las zonas donde se hayan anunciado reestructuraciones.

Para la oposición neogaullista y para la patronal se trata de medidas arcaicas que suponen volver a una economía administrada. Los sindicatos han expresado un tímido apoyo al plan del Gobierno.