Una fundación reclama la herencia que dejó un hacendado de La Guardia a un sindicato obrero

El testamento empezó a surtir efecto tras la muerte de su viuda, Carmen Araque Díaz, que no tuvo descendientes. Sus familiares más próximos se repartieron entonces las fincas rústicas y los bienes inmuebles esgrimiendo su condición de arrendatarios. Casi todo aquél que se apellide Araque en este pequeño municipio situado a escasos 10 kilómetros de Jaén es benefactor actualmente de algún bien dejado por Blas Torres. Sin embargo, ninguno de ellos se considera un okupa. 'La finca me la dejaron mis padres y todos los años he pagado la contribución, por lo que está claro que es mía', manifie...

El testamento empezó a surtir efecto tras la muerte de su viuda, Carmen Araque Díaz, que no tuvo descendientes. Sus familiares más próximos se repartieron entonces las fincas rústicas y los bienes inmuebles esgrimiendo su condición de arrendatarios. Casi todo aquél que se apellide Araque en este pequeño municipio situado a escasos 10 kilómetros de Jaén es benefactor actualmente de algún bien dejado por Blas Torres. Sin embargo, ninguno de ellos se considera un okupa. 'La finca me la dejaron mis padres y todos los años he pagado la contribución, por lo que está claro que es mía', manifiesta Sebastián López Araque, que explota una finca de olivar; una de las 17 que forman parte del controvertido legado.

La titularidad que reivindican estas personas se cuestiona desde otras instancias. En 1957 se constituyó el Patronato Benéfico Docente Blas Torres Vadillos. Su creación impidió, al menos, que las fincas pasasen a manos privadas al poder acreditar 50 años de uso. Sin embargo, los intentos de los distintos alcaldes que ha tenido La Guardia en el último medio siglo para hacer realidad el espíritu del testamento han ido fracasando uno tras otro. Los alcaldes son los que, según se especifica en el documento de transmisión, presiden el patronato, formado además por una singular comisión de personas nobles del municipio: el cura, el juez de paz, el médico titular, el farmacéutico, el veterinario y dos maestros.

'No estamos aquí por capricho, sino para hacer cumplir la última voluntad', les dijo a todos ellos el actual alcalde de La Guardia, Juan Ramón Romero (PSOE), que ayer martes convocó una reunión de la fundación -término reconvertido del antiguo patronato- para intentar conseguir lo que no han logrado sus antecesores. 'No podemos hacer dejación de funciones, porque si se pierden estos bienes, la responsabilidad caerá sobre nosotros', subraya Romero, consciente de que no va a ser nada fácil conciliar todos los intereses en juego.

'Nadie debe alarmarse, de lo que se trata es de llegar a un acuerdo beneficioso para todos', señala el alcalde, para quien lo ideal es que los actuales ocupantes de la finca conserven su condición de arrendatarios y abonen una renta anual que se destine a los fines previstos, aunque necesariamente adaptados a los tiempos actuales. 'Hoy en día ya no hace falta construir colegios porque tenemos, pero el dinero se destinaría a becas y ayudas para los estudiantes más humildes, como era la voluntad de aquél hombre de izquierdas', manifiesta el alcalde y presidente de la fundación. Curiosamente, entre los inmuebles del legado se encuentra la Casa del Pueblo, sede de los socialistas locales.

Romero apela al diálogo entre todas las partes para no tener que acudir de nuevo a la vía judicial. Su antecesor, el también socialista José María Salas, se vio obligado a interponer 16 demandas judiciales (actualmente paralizadas) en defensa de los bienes al intentar sus moradores escriturarlos a su nombre.

Lo que ocurre es que en este conflicto hay una tercera parte en discordia. Entre los 154 expedientes que el sindicato UGT presentó en 1997 ante el Ministerio de Trabajo para pedir la devolución del patrimonio histórico que le fue expoliado durante la guerra civil en la provincia de Jaén se encuentra el legado de Blas Torres Vadillos. UGT parece tener cogida la sartén por el mango, pues está en poder de la escritura de los bienes donados.

El 57% de todos los bienes reclamados por UGT en Andalucía se encuentran en Jaén, lo que da una idea del arraigo del sindicato, que en los años previos a la contienda civil contó en la provincia jiennense con más de 200 sociedades obreras y 32.000 afiliados. Al alcalde de La Guardia no le consta ninguna reclamación en ése sentido de la organización sindical. Mientras tanto, Sebastián López, uno de los beneficiados, asegura con rotundidad que 'si quieren la finca tendrán que indemnizarme'.